
Un río seco, dos naciones enfrentadas. Desde hace más de dos años, la región fronteriza entre México y Estados Unidos sufre una sequía sin precedentes. El emblemático río Bravo, columna vertebral del acuerdo binacional de reparto de agua, se ha convertido en el epicentro de un conflicto que trasciende lo hídrico para exponer las tensiones políticas, sociales y ambientales que atraviesan a ambos países.
El tratado de 1944 estableció un reparto de aguas que, por décadas, mantuvo una frágil pero funcional cooperación: México debía entregar 430 millones de metros cúbicos anuales a EE.UU., mientras que este último abastecía con 1.850 millones a ciudades mexicanas. Hoy, México arrastra una deuda hídrica de aproximadamente 1.500 millones de metros cúbicos. La persistente sequía, que ha dejado al embalse de La Boquilla con menos del 14% de su capacidad, ha tensionado el cumplimiento del acuerdo.
El escenario se torna dramático en Chihuahua, donde agricultores mexicanos ven cómo sus cultivos —nogales y alfalfa, ambos muy demandantes de agua— se marchitan. En contraste, agricultores texanos como Brian Jones denuncian que México incumple el tratado y acapara agua para competir, mientras ellos solo pueden sembrar la mitad de sus tierras.
"Solo pedimos lo que nos corresponde por derecho según el tratado, nada más", reclama Jones, representando la frustración de muchos agricultores estadounidenses. Por su parte, agricultores mexicanos y autoridades locales como Jaime Ramírez, exalcalde de San Francisco de Conchos, advierten que "no se puede tomar de lo que no hay" y que la sequía obliga a priorizar el consumo humano sobre la agricultura.
Ramírez también señala que la forma tradicional de riego —inundar los campos— es un derroche que debe cambiar, aunque reconoce que el costo de modernizar sistemas limita su adopción. Esta tensión sobre prácticas agrícolas revela una dimensión socioeconómica profunda, donde la desigualdad y falta de inversión dificultan la gestión sostenible del recurso.
La disputa no se limita a los campos. En Estados Unidos, la presión de legisladores republicanos y la retórica del expresidente Trump, quien acusó a México de "robar agua" y amenazó con sanciones, han exacerbado las tensiones diplomáticas. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado un tono más conciliador, reconociendo el déficit pero buscando diálogo.
El conflicto ha derivado en episodios violentos, como los enfrentamientos de 2020 en La Boquilla, que dejaron dos muertos. Este antecedente trágico pone en evidencia la fragilidad social y la urgencia de soluciones multilaterales.
El tratado de 1944, firmado en un contexto muy distinto, enfrenta hoy el desafío de un clima cambiante y poblaciones crecientes. Para muchos expertos y actores locales, el acuerdo requiere una revisión profunda que incorpore criterios de sostenibilidad y equidad. Sin embargo, la resistencia a modificar un pacto histórico refleja intereses políticos y económicos que complican su actualización.
La disputa por el agua en la frontera México-Estados Unidos es un microcosmos de los retos globales frente al cambio climático: recursos finitos, demandas crecientes y estructuras políticas rígidas que dificultan la adaptación.
La sequía persistente ha puesto en jaque la agricultura, la economía local y la convivencia binacional. Mientras no se logre un acuerdo renovado y mecanismos efectivos para la gestión sostenible del agua, la tensión seguirá escalando, con riesgos de nuevos conflictos sociales y ambientales.
La historia revela que la solución no está en la imposición unilateral ni en la negación de la crisis, sino en el diálogo informado, la cooperación genuina y la innovación en prácticas agrícolas y gestión hídrica.
Este conflicto invita a reflexionar sobre la necesidad de repensar cómo compartimos los bienes comunes en un mundo cada vez más seco y polarizado.
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Fuentes: BBC News Mundo (2025), testimonios de agricultores de Chihuahua y Texas, análisis de expertos en recursos hídricos y cambio climático.