Corea del Sur destituye a Yoon Suk Yeol por ley marcial fallida: un capítulo cerrado con heridas abiertas

Corea del Sur vivió en 2024 un episodio que marcará su historia democrática: el expresidente Yoon Suk Yeol decretó la ley marcial el 3 de diciembre de ese año en un intento por frenar lo que consideraba una amenaza interna, principalmente desde la oposición política. Esta medida, inédita desde la democratización del país en 1987, buscaba cerrar el Parlamento y limitar las libertades políticas y sociales bajo el argumento oficial de salvaguardar la seguridad nacional frente a Corea del Norte y fuerzas “antiestatales”.

La reacción inmediata fue un rechazo masivo de la sociedad y la oposición, que logró irrumpir en el Legislativo para anular la ley marcial, forzando a Yoon a levantarla horas después. El episodio desencadenó una crisis política profunda que culminó con la suspensión y posterior destitución del presidente por parte del Tribunal Constitucional, en un fallo unánime que consideró que Yoon violó la Constitución y socavó la democracia al intentar imponer un gobierno militar temporal.

Pero la historia no terminó ahí. La Justicia surcoreana ha seguido su curso y Yoon enfrenta múltiples cargos penales: insurrección, abuso de poder, falsificación de documentos y colaboración con el enemigo. En particular, la Fiscalía especial investiga el despliegue de drones en octubre de 2024, que sobrevolaron territorio norcoreano en lo que se considera una maniobra para provocar una respuesta de Pyongyang que justificara la ley marcial. Este episodio llevó a la imputación formal de Yoon y varios altos mandos militares, acusados de conspirar para aumentar la tensión militar y filtrar secretos al régimen norcoreano.

“[Yoon] y otros conspiraron para crear las condiciones que permitieran declarar la ley marcial de emergencia, aumentando el riesgo de un enfrentamiento armado y perjudicando los intereses militares del Estado”, declaró la portavoz de la Fiscalía especial, Park Ji-young.

El proceso judicial ha sido tenso y marcado por la resistencia del expresidente, quien ha negado rotundamente las acusaciones y ha defendido que actuó en un contexto de emergencia nacional. Sin embargo, fue destituido formalmente el 4 de abril de 2025 y desde entonces permanece en prisión preventiva, mientras se desarrolla el juicio que podría condenarlo a cadena perpetua o, en teoría, incluso a la pena capital, aunque esta última no se aplica desde 1997.

Desde el punto de vista político, la destitución de Yoon ha abierto un período de incertidumbre y polarización. El país debe celebrar elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días, mientras el primer ministro Han Duck-soo ejerce como presidente interino. La sociedad surcoreana sigue dividida: por un lado, quienes celebran la caída de un mandatario acusado de intentar subvertir la democracia; por otro, quienes lo defienden como víctima de una persecución política y denuncian un juicio con tintes partidistas.

Además, la crisis ha tenido repercusiones internacionales, afectando las relaciones con aliados tradicionales como Estados Unidos y complicando la posición estratégica de Corea del Sur frente a la creciente influencia de China y las tensiones con Corea del Norte.

En paralelo, la familia de Yoon también ha estado en el ojo público. Su esposa, Kim Keon Hee, fue enviada a prisión preventiva en agosto de 2025, acusada de corrupción, lo que profundiza la sombra sobre el exmandatario y su círculo cercano.

Este caso emblemático es un recordatorio de los límites y riesgos del poder ejecutivo en democracias consolidadas, y de cómo la tensión entre seguridad nacional y derechos civiles puede desatar crisis de gran magnitud. La historia de Yoon Suk Yeol es la tragedia de un líder que, en su intento por controlar la inestabilidad, terminó derrumbando su mandato y enfrentando la justicia.

Verdades y consecuencias claras:

- La ley marcial en Corea del Sur es una medida extrema que no puede ser utilizada para fines políticos internos sin consecuencias legales y sociales severas.

- La justicia surcoreana ha demostrado independencia al procesar a un expresidente en un país con una democracia joven pero robusta.

- La polarización social y política persiste, reflejando profundas divisiones en la sociedad surcoreana sobre el rumbo del país y sus instituciones.

- El caso evidencia la complejidad de la seguridad en la península coreana y cómo las tensiones con Corea del Norte pueden ser instrumentalizadas en la política interna.

Mientras Corea del Sur se prepara para elegir un nuevo presidente, la sombra de Yoon Suk Yeol y su fallido intento de ley marcial sigue proyectándose, un capítulo cerrado en la historia política del país pero con heridas que tardarán en sanar.