Mal uso de licencias médicas en el sector público: De la masiva investigación a las primeras sanciones y el debate sobre reformas urgentes

Un escándalo que no cede. Desde 2023, la Contraloría General de la República detectó que más de 25 mil funcionarios públicos hicieron un uso irregular de licencias médicas, con una duración promedio de 21,9 días y un costo estimado en remuneraciones que supera los $33.000 millones. Esta cifra, que solo considera al Gobierno Central, excluye municipios, gobiernos regionales, empresas públicas y universidades estatales, ampliando aún más el alcance del fenómeno.

En el epicentro de esta crisis se encuentra el sector salud, donde más de 12 mil funcionarios están bajo investigación, con 9.022 sumarios administrativos ya instruidos. Los resultados, aunque todavía parciales, empiezan a mostrar consecuencias concretas: hasta octubre de 2025, 38 funcionarios han sido destituidos, 7 multados y 3 suspendidos. Estas sanciones, que incluyen desde descuentos salariales hasta la expulsión temporal o definitiva del sector público, marcan un hito en la lucha contra el mal uso de un instrumento pensado para proteger la salud y no para vulnerar la probidad pública.

Tres caras del conflicto

El fenómeno ha abierto un debate que se despliega en varios frentes. Por un lado, las autoridades y organismos públicos insisten en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización. Verónica Bustos, jefa de Gestión y Desarrollo de Personas en la Subsecretaría de Redes Asistenciales, destaca que la magnitud de los sumarios instruidos representa un esfuerzo sin precedentes en la administración pública. Asimismo, el gobierno ha impulsado reformas legislativas recientes que endurecen las sanciones para médicos que emiten licencias de forma irregular y para quienes abusan del sistema, incluyendo multas que pueden llegar hasta 600 UTM y la suspensión perpetua para los reincidentes.

Por otro lado, la Asociación de Isapres denuncia un "abuso sistemático" que afecta tanto al sector público como al privado, y advierte que este fraude genera costos millonarios que recaen sobre el Fisco y elevan los costos para los usuarios reales del sistema de salud. Para estas entidades, la crisis de las licencias médicas es solo la punta del iceberg de fallas estructurales que requieren una reforma urgente y profunda.

En el ámbito judicial, la Fiscalía, a través de su Unidad Especializada Anticorrupción liderada por Eugenio Campos, ha puesto el foco en la responsabilidad penal de quienes emiten y usan licencias fraudulentas. Campos advierte que la renuncia de funcionarios no borra su responsabilidad penal y que se están investigando incluso asociaciones delictuales que operan en el otorgamiento irregular de licencias. Además, la Fiscalía ha incorporado tecnologías como la inteligencia artificial para acelerar y mejorar la calidad de las investigaciones.

Impacto y tensiones

La crisis ha tensionado la red pública de salud, aunque desde el Ministerio de Salud aseguran que hasta ahora no se ha visto afectado el funcionamiento ni la capacidad de atención. Sin embargo, la magnitud del fenómeno y su visibilidad pública han erosionado la confianza ciudadana en un sistema ya golpeado por listas de espera y falta de recursos.

Además, la polémica se extiende a las medidas propuestas para desincentivar el uso prolongado de licencias, como la reducción gradual del pago del sueldo a funcionarios públicos durante el reposo, equiparando su situación a la del sector privado. Esta medida ha generado resistencias dentro del mundo sindical y político, que la consideran una precarización encubierta.

Constataciones finales

El mal uso de licencias médicas en Chile representa un fenómeno complejo que combina factores culturales, estructurales y de control institucional insuficiente. La respuesta estatal ha sido masiva y multifacética: sumarios administrativos, sanciones legales, reformas legislativas y nuevas tecnologías para la fiscalización. Sin embargo, la pluralidad de voces y tensiones refleja que no hay soluciones simples ni unívocas.

La crisis pone en evidencia la necesidad de reconstruir la confianza en un instrumento fundamental para la protección social, sin dejar de castigar con rigor las conductas fraudulentas. También plantea un desafío mayor: cómo diseñar un sistema de licencias médicas que sea sostenible, justo y eficaz, que proteja a quienes realmente lo necesitan y evite el abuso que perjudica a toda la sociedad.

El coliseo de las licencias médicas sigue abierto, con protagonistas enfrentados y un público expectante que observa cómo se juega la integridad de un pilar del sistema de salud y la probidad en la función pública chilena.