
En julio de 2025, el gobierno de Estados Unidos anunció la imposición de un arancel del 50% al cobre refinado importado, afectando directamente a Chile, cuyo cobre refinado constituye su principal exportación hacia ese mercado, con ventas que superaron los US$5.800 millones en 2024. Esta medida, que se enmarca en una política proteccionista orientada a la reindustrialización estadounidense, ha desencadenado un choque que va más allá de lo económico, tensionando las relaciones diplomáticas y poniendo en jaque la estrategia minera chilena a mediano plazo.
Desde la perspectiva del gobierno chileno, liderado por Gabriel Boric, la medida representa un desafío que obliga a una defensa unificada del recurso nacional. En un acto en la mina El Teniente, el mandatario subrayó que “vamos a seguir vendiendo cobre de alta calidad a todos los países que quieran seguir comprando”, apelando a la resiliencia y a la diversificación de mercados. Sin embargo, detrás de esta declaración se percibe la preocupación por la vulnerabilidad de Chile ante decisiones unilaterales que impactan su principal fuente de ingresos en divisas.
El sector minero, representado por las principales empresas y gremios, ha manifestado inquietudes sobre la capacidad de adaptación ante un cambio abrupto en las condiciones comerciales. La imposición del arancel no solo afecta los precios y volúmenes de exportación, sino que también complica inversiones y planes de expansión en un contexto global donde la demanda de cobre sigue siendo estratégica para la transición energética y tecnológica.
Desde Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump defendió la medida como parte de una estrategia para fortalecer la producción interna y reducir la dependencia de materiales críticos importados. La inclusión del cobre refinado en la lista de productos gravados responde a la importancia que este metal tiene en sectores de defensa y seguridad nacional, según fuentes oficiales.
Por otra parte, actores internacionales y expertos en comercio advierten que esta medida podría desencadenar represalias y afectar la estabilidad del mercado global del cobre. China, principal competidor y consumidor, ha mantenido su demanda robusta, pero la incertidumbre generada impacta los precios y la confianza de los inversionistas.
A pocos meses de la implementación, se observan ya efectos concretos: una caída en las exportaciones chilenas a Estados Unidos, reajustes en los contratos comerciales y una aceleración en la búsqueda de mercados alternativos, especialmente en Asia y Europa. La diplomacia chilena ha intensificado gestiones ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) para negociar posibles exenciones o mitigaciones, aunque sin resultados definitivos hasta ahora.
Este episodio revela una verdad incómoda: la economía chilena sigue altamente expuesta a decisiones externas, lo que subraya la urgencia de diversificar no solo mercados, sino también la matriz productiva. Además, la tensión expone la fragilidad de los acuerdos multilaterales y la volatilidad que puede generar el proteccionismo en sectores estratégicos.
En definitiva, la imposición del arancel del 50% al cobre refinado chileno es más que un simple ajuste comercial; es un llamado a repensar la inserción internacional de Chile, la gobernanza de sus recursos y la capacidad de resiliencia frente a los vaivenes de la geopolítica económica global.
2025-11-12
2025-11-12