Desarticulan red nacional de trata de personas: un entramado que expone las grietas del sistema de protección
En un operativo simultáneo que abarcó ocho ciudades del país, las autoridades lograron desarticular una red criminal transnacional dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. El 29 de abril de 2025, la Fiscalía de Tarapacá, junto a la Policía de Investigaciones (PDI) y la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), coordinó la captura de cuatro imputados y el rescate de 48 mujeres, de las cuales al menos 10 han sido identificadas como víctimas de trata. Esta red operaba desde Iquique, extendiendo su influencia desde el norte hasta el centro sur del país, incluyendo ciudades como Calama, Copiapó y Ovalle.
Un sistema de explotación que se sostiene en la vulnerabilidad
La investigación reveló que la organización, liderada por una mujer peruana con antecedentes penales por delitos similares, captaba mujeres extranjeras mediante engaños y promesas de empleo, financiando sus traslados y alojándolas en prostíbulos clandestinos. Según la Fiscal Regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, “la captación se realizaba aprovechando la vulnerabilidad de las víctimas, quienes eran sometidas a un sistema de control mediante multas por viajes, comportamiento y otros conceptos”. Este mecanismo de coacción y control evidencia la sofisticación y crueldad con que operan estas redes.
Además, los imputados gestionaban la difusión de los servicios sexuales a través de plataformas virtuales y reclutaban a mujeres para ejercer como administradoras de estos servicios bajo falsas promesas laborales, perpetuando así la explotación.
Perspectivas contrapuestas: la lucha contra la trata y sus límites
Desde el Estado, el operativo es visto como un éxito en la coordinación interregional y en la detección de un fenómeno que, aunque invisibilizado, afecta a numerosos sectores. Sin embargo, organizaciones sociales y expertos en derechos humanos advierten que estas acciones, aunque necesarias, son solo una parte de la solución.
María González, directora de la ONG Derechos en Movimiento, señala que “la desarticulación de redes es fundamental, pero sin políticas públicas que atiendan las causas estructurales —como la migración forzada, la pobreza y la discriminación— seguiremos viendo a las víctimas caer en manos de estas organizaciones”.
Por su parte, voces desde el ámbito judicial llaman a fortalecer la protección y acompañamiento a las víctimas, muchas de las cuales enfrentan procesos judiciales complejos y estigmatización social.
Consecuencias y desafíos a futuro
Los cuatro imputados fueron formalizados por múltiples delitos relacionados con la trata de personas y quedaron en prisión preventiva, con un plazo de investigación de 120 días. Este caso pone en evidencia la necesidad de un enfoque integral que combine la acción penal con políticas de prevención y reparación para las víctimas.
La red expuesta revela también la persistencia de un mercado ilegal que se adapta y se expande, aprovechando las brechas en los sistemas migratorios y de protección social. La colaboración entre instituciones y regiones, junto con una mirada más amplia sobre las causas sociales, será clave para enfrentar este desafío.
En definitiva, la tragedia humana detrás de esta red criminal no solo habla de la violencia y explotación que sufren las víctimas, sino también de las fallas estructurales que el país aún debe superar para garantizar dignidad y derechos a quienes, en su mayoría, buscan una vida mejor lejos de sus países de origen.