
Un pulso en la Cámara Alta ha marcado los últimos días de la tramitación del Presupuesto 2026, cuyo despacho definitivo se espera para el próximo sábado 29 de noviembre. El Senado ha aprobado 18 partidas presupuestarias consideradas "menos complejas", entre ellas Justicia, Mujer, Trabajo, Transporte, Deportes, y otros ministerios, en una jornada que exhibió tanto avances como tensiones palpables.
La discusión se ha desarrollado bajo la sombra de un espacio fiscal estrecho y un país con compromisos financieros crecientes. La senadora Ximena Rincón, presidenta de la Comisión Mixta de Presupuestos, advirtió que el presupuesto es 'deficitario' y presenta un 'arrastre importante de compromisos fiscales', lo que limita la capacidad para nuevas asignaciones. En este contexto, las partidas más sensibles y disputadas, como Salud, Educación, Vivienda y Tesoro Público, quedaron para la recta final.
El vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, confirmó que la sesión del lunes 24 será clave para despachar las partidas pendientes, con una jornada extendida desde las 10 de la mañana hasta total despacho.
El oficialismo y la oposición mantienen posturas encontradas sobre el manejo de ingresos y gastos. El senador de la UDI, Javier Macaya, expresó sin rodeos que 'no hay acuerdo con las proyecciones del Gobierno, que mantiene un déficit presupuestario irresponsable'. Para la oposición, el Presupuesto está desfinanciado por cerca de US$1.500 millones, situación que exigen sea abordada mediante recortes concretos.
En tanto, desde el Ejecutivo se defiende la proyección oficial de ingresos, basada en la Ley de Cumplimiento Tributario, que ha fortalecido la capacidad recaudadora del Servicio de Impuestos Internos (SII). Sin embargo, la oposición critica la falta de cifras alternativas y la ausencia de una conversación basada en datos concretos, lo que ha complicado el diálogo.
Más allá del debate técnico, voces ciudadanas y actores regionales observan con preocupación cómo las partidas para salud primaria y vivienda social, fundamentales para la calidad de vida de sectores vulnerables, están en el centro de la disputa. El descongelamiento del aporte per cápita en salud primaria y el aumento de subsidios para vivienda social son puntos críticos que reflejan la tensión entre demandas sociales y limitaciones presupuestarias.
El plazo máximo para el despacho del Presupuesto 2026 es el sábado 29 de noviembre. De no lograrse un acuerdo en el Senado y la Cámara de Diputados, el proyecto podría pasar a una Comisión Mixta para dirimir diferencias, escenario que aumentaría la incertidumbre y tensionaría el calendario legislativo.
Este proceso revela una verdad ineludible: Chile enfrenta un dilema fiscal que combina restricciones económicas con demandas sociales crecientes, y la negociación del Presupuesto se convierte en el espejo de esa tensión estructural. La capacidad de los actores políticos para conjugar responsabilidad fiscal con sensibilidad social será crucial para evitar un choque institucional y garantizar la gobernabilidad en el próximo año.
La historia del Presupuesto 2026, por ahora, es la de un pulso entre la urgencia y la prudencia, entre la técnica y la política, entre el deber fiscal y las demandas ciudadanas. El coliseo sigue abierto, y el desenlace está por escribirse en los próximos días.