Violencia en la Línea 2 del Metro: un choque entre fiscalización y comercio informal que expone grietas sociales
Un operativo que se volvió escenario de conflicto. El 10 de julio de 2025, en la estación La Cisterna de la Línea 2 del Metro de Santiago, un procedimiento para desalojar a vendedores ambulantes derivó en disturbios con agresiones físicas y uso de elementos contundentes contra el personal de seguridad. No fue un episodio aislado, sino la expresión visible de una tensión acumulada entre la necesidad de orden y control en el transporte público y la persistente realidad del comercio informal que se expande en la capital.
La fiscalización y su costo social. Desde la perspectiva del gobierno, representada en la voz de la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, 'la fiscalización es necesaria, aunque no siempre pacífica'. La autoridad enfatizó la importancia de resguardar la integridad de quienes ejecutan estos controles y la necesidad de protocolos claros, equipamiento adecuado y apoyo policial en situaciones de riesgo. La colaboración permanente con Metro de Santiago se ha planteado como un eje para enfrentar estos episodios, junto con proyectos legislativos que buscan dotar a los guardias de mayores herramientas legales.
La mirada de Metro y el llamado al Congreso. El presidente del directorio de Metro, Guillermo Muñoz, tras los altercados, instó al Congreso a acelerar la tramitación de leyes que permitan a los guardias enfrentar con mayor eficacia y seguridad la resistencia de vendedores ambulantes. Desde la empresa, se sostiene que la seguridad privada está preparada, pero que la legislación actual limita su capacidad de acción ante la violencia.
Voces desde el comercio informal y la sociedad civil. Por otro lado, organizaciones que representan a vendedores ambulantes denuncian que la fiscalización se ha vuelto un mecanismo de exclusión social y criminalización de personas que dependen de esta actividad para subsistir. 'La violencia no nace solo del lado de los vendedores, sino de un sistema que no ofrece alternativas reales', señalan. Desde sectores sociales, se advierte que la solución no pasa únicamente por endurecer medidas, sino por políticas integrales que aborden la pobreza, el desempleo y la falta de espacios formales para el comercio popular.
El debate político se fragmenta. Mientras el oficialismo impulsa la Ley de Seguridad Municipal, actualmente en segundo trámite constitucional, para fortalecer la acción de fiscalizadores y guardias, la oposición alerta sobre riesgos de criminalización excesiva y la necesidad de proteger derechos fundamentales. Este choque refleja un país dividido en cómo enfrentar el comercio ilegal y la violencia urbana, con un trasfondo de desigualdad y exclusión.
Consecuencias y certezas. A más de cuatro meses de los hechos, queda claro que la violencia en la Línea 2 no fue un episodio aislado ni improvisado. Es la manifestación de un conflicto estructural entre control estatal y subsistencia informal, entre seguridad y derechos sociales. Las iniciativas legislativas avanzan, pero sin consenso claro, y la colaboración entre Metro y autoridades se mantiene como una vía necesaria pero insuficiente.
Este enfrentamiento expone la fragilidad de las políticas públicas ante realidades complejas y la necesidad de un diálogo más profundo que integre seguridad, justicia social y desarrollo urbano. El desafío no es solo contener la violencia en estaciones de Metro, sino comprender y transformar las causas que la alimentan.
Fuentes: La Tercera (12/07/2025), declaraciones de la subsecretaria Carolina Leitao y presidente Guillermo Muñoz; organizaciones sociales y análisis legislativo vigente.