Homicidio en bus de Estación Central: ¿error de identidad o falla del sistema de seguridad pública?
Un error de identidad que terminó en tragedia. El 21 de mayo de 2025, en un bus Transantiago que circulaba por la avenida 5 de Abril con Las Rejas Sur en Estación Central, un hombre de 28 años apuñaló mortalmente a otro pasajero de 49 años e hirió gravemente a una mujer. La Fiscalía explicó que el agresor, víctima de un asalto minutos antes, confundió a las personas que lo habían atacado con los pasajeros del bus y, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, atacó a quien creyó era uno de sus agresores.
Este episodio ha desatado un debate que va más allá de los hechos puntuales. Por un lado, las autoridades judiciales y policiales destacan la rapidez en la detención y la prisión preventiva del imputado, enfatizando que las cámaras de seguridad y las diligencias de la Brigada de Homicidios permitieron esclarecer el caso en poco tiempo.
Pero por otro, sectores sociales y expertos en seguridad pública cuestionan la eficacia de las medidas preventivas en el transporte público. La confusión que llevó al homicidio refleja un clima de inseguridad que afecta a miles de usuarios diariamente y pone en evidencia la tensión entre la autoprotección ciudadana y el respeto a la ley.
Desde la perspectiva política, el oficialismo ha utilizado el caso para promover reformas que fortalecen las penas y la persecución de delitos violentos, argumentando que la mano dura es necesaria para frenar la violencia creciente. En cambio, la oposición advierte sobre los riesgos de criminalizar la pobreza y la falta de políticas integrales de prevención, señalando que el sistema de justicia debe equilibrar seguridad con garantías de derechos humanos.
En la comuna de Estación Central, donde ocurrieron los hechos, vecinos y organizaciones comunitarias expresan miedo y desconfianza. Algunos piden mayor presencia policial y tecnología de vigilancia, mientras otros llaman a abordar las causas estructurales de la violencia, como la desigualdad y la exclusión social.
El caso también ha puesto en el centro la figura del imputado, un joven trabajador detenido en su lugar de empleo en Quinta Normal, cuya defensa argumenta que actuó en legítima defensa ante un asalto previo y que hubo un error trágico, no un acto premeditado.
Tras seis meses de investigación, el proceso judicial sigue su curso, con un plazo de 120 días para esclarecer detalles clave. Mientras tanto, el país observa con atención cómo se resuelve esta historia que ilustra, con crudeza, las tensiones y contradicciones de la seguridad ciudadana en Chile.
En definitiva, este homicidio no solo es un hecho aislado, sino una tragedia que refleja un sistema de seguridad pública y justicia penal en tensión. La confusión fatal, la rapidez de la detención, el debate político y el impacto social evidencian que la violencia en el transporte público no solo se combate con medidas punitivas, sino con un abordaje integral que considere prevención, derechos y contexto social.