El Tren de Aragua en Chile: De red criminal a etiqueta terrorista en debate público
El Tren de Aragua, una organización criminal de origen venezolano, ha dejado de ser un problema exclusivo de seguridad pública para instalarse en el centro del debate político y jurídico chileno. El 15 de noviembre de 2025, diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron un proyecto de ley para declarar a esta red como una organización terrorista, buscando aplicar la Ley Antiterrorista y endurecer las medidas penales contra sus miembros y células coadyuvantes en Chile.
Origen y expansión en Chile
El Tren de Aragua surgió en Venezuela y se ha expandido en varios países de Sudamérica, incluyendo Chile, donde se ha detectado su presencia en regiones como Tarapacá, Antofagasta, Metropolitana y Valparaíso. Su modus operandi incluye delitos graves como tráfico de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, secuestros extorsivos y homicidios por encargo.
En julio de 2025, la detención de un sicario venezolano en Curanilahue, vinculado a la facción "Los Hermanos Cartier" del Tren de Aragua, puso en evidencia la penetración de la organización en el sur del país. Este individuo fue formalizado por homicidio frustrado y asociación ilícita, con sospechas de participación en otros hechos violentos en Osorno y Santiago. La investigación policial ha logrado desarticular numerosas células, especialmente en la región de Los Lagos, donde se han detenido a cerca de 60 integrantes.
El debate político: seguridad o terrorismo
El proyecto de RN busca no solo endurecer las sanciones, sino también autorizar medidas extraordinarias como el aislamiento penitenciario, interceptación de comunicaciones y restricciones en regímenes de visitas. Diputados como Diego Schalper y José Miguel Castro han defendido la iniciativa argumentando que la Ley Antiterrorista permite una persecución más efectiva y que la amenaza del Tren de Aragua trasciende la seguridad pública para afectar la integridad del Estado.
Sin embargo, esta postura ha generado voces críticas dentro y fuera del espectro político. Organizaciones de derechos humanos y algunos expertos en seguridad advierten que la aplicación de la Ley Antiterrorista debe manejarse con cautela para evitar violaciones a garantías fundamentales y la estigmatización de comunidades migrantes. "Es fundamental distinguir entre crimen organizado y terrorismo para no caer en medidas que puedan afectar derechos civiles", señala un académico en derecho penal consultado.
Impacto social y regional
En las regiones donde el Tren de Aragua ha operado, la percepción ciudadana es ambivalente. Por un lado, existe temor por la violencia y la inseguridad vinculada a la organización; por otro, hay preocupación por la estigmatización de migrantes venezolanos, muchos de los cuales son víctimas o forzados a colaborar bajo coacción.
La Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía han reforzado sus operativos, pero reconocen que la complejidad de la red y su capacidad de infiltración requieren un enfoque integral que combine inteligencia, cooperación internacional y políticas sociales.
Constataciones y consecuencias
Tras meses de investigaciones y debates, queda claro que el Tren de Aragua representa un desafío multifacético para Chile. La propuesta legislativa para catalogarla como organización terrorista refleja un giro hacia una estrategia más dura, aunque no exenta de controversias y riesgos en términos de derechos humanos.
El escenario futuro dependerá de la capacidad del Estado para equilibrar la seguridad con la protección de garantías fundamentales, y de la sociedad para comprender las complejidades detrás de la violencia y la criminalidad asociadas a grupos transnacionales.
En definitiva, el Tren de Aragua ha dejado de ser un problema lejano para convertirse en una tragedia social y política que interroga la eficacia y ética de las herramientas legales y policiales en Chile.
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Fuentes: La Tercera (15/11/2025), Infobae (11/07/2025), declaraciones parlamentarias, informes de la PDI y Fiscalía Nacional.