Caso ProCultura: la batalla judicial que desnuda las fisuras del sistema de justicia chileno

La saga ProCultura, que tiene en el centro a la fundación ligada a Alberto Larraín, ha entrado en una nueva etapa que expone un choque frontal entre la Fiscalía Regional de Antofagasta y una de sus principales imputadas, María Constanza Gómez, quien fuera mano derecha de Larraín y representante legal de la ONG. Desde mediados de 2025, Gómez y su defensa han denunciado irregularidades en la gestión de la investigación, acusando a los persecutores de "desprolijidades", "tergiversaciones" y vulneraciones al derecho a defensa.

Este conflicto se ha materializado en la presentación de cautelas de garantías que buscan ordenar a la Fiscalía la entrega periódica y completa de los antecedentes del caso, así como la correcta individualización y rotulación de la evidencia. Sin embargo, el Juzgado de Garantía de Antofagasta ha rechazado estas solicitudes, señalando que no existen pruebas de entorpecimiento en el acceso a la información y que las discrepancias son más bien de gestión administrativa.

Un tribunal que pone límites a la Fiscalía

La jueza Marisol Melgarejo ha sido clara en sus resoluciones: no ve justificación para que se impongan medidas judiciales que regulen la forma en que la Fiscalía debe registrar o entregar la información, recomendando que cualquier dificultad sea comunicada directamente al fiscal a cargo o a sus superiores. En paralelo, el tribunal ha autorizado el alzamiento del secreto bancario de cuentas vinculadas a la fundación y a sociedades relacionadas, pero ha rechazado pericias sobre la consultora Esquerré, subcontratada por ProCultura, por falta de fundamentación suficiente.

“No existen antecedentes que den cuenta que la Fiscalía esté entorpeciendo el acceso a la información recopilada en una carpeta investigativa de alta complejidad”, afirmó la magistrada.

Voces encontradas: defensa, Fiscalía y actores políticos

Desde la defensa de Gómez, encabezada por los abogados Alejandro Alegría y Sebastián Soto, se sostiene que la investigación está marcada por la falta de rigurosidad y por la inclusión de evidencias ilegales, como audios declarados inadmisibles por la Corte de Apelaciones de Antofagasta. Además, advierten que se mezclan antecedentes de distintos imputados, lo que afecta la validez de las diligencias.

“El Ministerio Público ha proporcionado evidencia que no se encuentra debidamente rotulada ni correctamente individualizada, dificultando gravemente el ejercicio de una defensa técnica adecuada y oportuna”, señalaron en su presentación.

En contraposición, la Fiscalía, liderada por los fiscales Juan Castro Bekios y Eduardo Ríos, defiende la seriedad y la transparencia de su trabajo, enfatizando que la comunicación con las defensas ha sido permanente y que las diferencias se limitan a cuestiones de conveniencia administrativa. Además, han insistido en la necesidad de acceder a la trazabilidad completa de los fondos públicos para esclarecer eventuales ilícitos.

Contexto político y social: un caso que trasciende lo judicial

La investigación ProCultura ha sido observada con atención por actores políticos y sociales, dada la vinculación de la fundación con figuras de la derecha política chilena, particularmente Alberto Larraín y su entorno. En este escenario, la causa ha servido para reavivar debates sobre la eficacia del sistema judicial en casos de corrupción y el manejo de recursos públicos.

Por otro lado, la presión social por transparencia y rendición de cuentas ha sido constante, mientras que sectores políticos han cuestionado la lentitud y los resultados de la investigación, en un contexto donde la confianza en las instituciones se encuentra erosionada.

Consecuencias y certezas

Tras meses de disputas judiciales, la historia ProCultura revela varias verdades incontrovertibles:

- La investigación judicial sobre la fundación está lejos de cerrarse y sigue enfrentando obstáculos procedimentales y de gestión.

- Las tensiones entre la defensa y la Fiscalía reflejan un sistema judicial que aún no encuentra mecanismos claros para equilibrar transparencia, protección de derechos y eficacia investigativa.

- La negativa a autorizar ciertas diligencias, como las pericias a la consultora Esquerré, pone en evidencia las limitaciones del proceso y la necesidad de mejorar la fundamentación de las solicitudes judiciales.

En definitiva, este caso es un espejo donde se reflejan las complejidades del sistema de justicia chileno frente a investigaciones de alta complejidad y con fuerte impacto político y social. Mientras tanto, el público observa, expectante, cómo se desarrolla este enfrentamiento que no solo pone en juego a sus protagonistas, sino que también desafía la confianza en las instituciones encargadas de administrar justicia.

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Fuentes: La Tercera (octubre-noviembre 2025), resoluciones del Juzgado de Garantía de Antofagasta, declaraciones de abogados y fiscales involucrados.