BHP condenada por desastre ambiental en Brasil: El juicio que redefine la responsabilidad transnacional minera
Una década después del desastre de Mariana, la justicia británica ha emitido un fallo que marca un antes y un después en la rendición de cuentas de las multinacionales mineras. El 15 de noviembre de 2025, el Tribunal Superior de Londres condenó a la gigante angloaustraliana BHP por su responsabilidad en el colapso de la represa de Fundão en Brasil, que en 2015 causó la muerte de 19 personas, desplazó a más de 600 y vertió más de 40 millones de metros cúbicos de residuos tóxicos en la cuenca del río Doce.
Este fallo no solo reconoce el control directo e indirecto que BHP ejercía sobre Samarco, la subsidiaria operadora de la represa, sino que también destaca la negligencia de la empresa al ignorar reiteradas advertencias técnicas sobre la inestabilidad estructural, permitiendo la ampliación de la producción sin las garantías necesarias de seguridad.
El escenario es un verdadero coliseo jurídico donde se enfrentan gigantes corporativos y comunidades históricamente vulnerables. Por un lado, BHP anunció que recurrirá la sentencia, argumentando que los acuerdos de reparación en Brasil y la absolución penal previa eximen su responsabilidad. Por otro, más de 620.000 demandantes, representados por bufetes especializados en litigios ambientales, ven en esta decisión una oportunidad inédita para obtener justicia y reparación integral.
"Nosotros hemos tenido que luchar contra algunas de las mayores empresas mineras del mundo para defender nuestros derechos. Ha sido muy difícil, ha pasado una década de lucha, pero quienes fuimos afectados no nos rendimos", afirma Marcelo Krenak, líder indígena de las comunidades afectadas en Vale do Rio Doce. Su voz representa a miles que no solo perdieron hogares, sino también su entorno natural y modos de vida ancestrales.
El impacto ambiental, social y económico es profundo y de largo plazo. La contaminación del río Doce afectó a comunidades ribereñas, ecosistemas y la economía regional, basada en la agricultura, pesca y turismo. La tragedia de Mariana se suma a un patrón de desastres mineros en Brasil, como el colapso de la represa en Brumadinho en 2019, que causó 270 muertes.
Desde una perspectiva política y social, la sentencia británica ha reavivado el debate sobre la regulación transnacional de empresas extractivas y la capacidad de los Estados nacionales para proteger a sus ciudadanos frente a corporaciones globalizadas. Para activistas y organizaciones ambientales, este fallo es un llamado a reforzar la vigilancia y exigir estándares internacionales más estrictos.
Thatiele Monic Estevão, activista quilombola, señala: "No podemos hablar de justicia climática sin que las personas que están entrando en nuestros territorios, causando devastación, sean responsabilizadas por los delitos que están cometiendo dentro de nuestros territorios".
Desde la óptica empresarial, el caso BHP abre una caja de Pandora. El precedente legal permite que víctimas de otros países busquen justicia en tribunales extranjeros, lo que podría impulsar una mayor responsabilidad corporativa global, pero también generar incertidumbre jurídica para la industria minera.
El proceso para definir las compensaciones económicas comenzará en 2026 y podría extenderse hasta 2029, con montos que podrían alcanzar los 36.000 millones de libras esterlinas (unos 47.000 millones de euros). Vale, copropietaria de Samarco, también asumirá parte de estos costos, aunque no es parte del litigio en Londres.
En definitiva, esta historia revela las múltiples dimensiones de una tragedia que aún no cierra. Entre la lucha de las comunidades afectadas, la estrategia jurídica de las empresas y la respuesta de los Estados, se despliega un complejo entramado donde se juegan derechos, responsabilidades y la posibilidad de justicia ambiental en un mundo globalizado.
La sentencia del Tribunal Superior de Londres no solo condena a BHP, sino que también abre una brecha para que las víctimas de desastres ambientales en América Latina y el mundo accedan a mecanismos de justicia más allá de sus fronteras nacionales. La tragedia de Mariana, más que un capítulo cerrado, es una advertencia sobre los riesgos de un modelo extractivo sin control y la necesidad urgente de proteger a las comunidades y ecosistemas vulnerables.
Fuentes: El País América, declaraciones de líderes indígenas y activistas, informes judiciales del Tribunal Superior de Londres, bufetes Pogust Goodhead y Hotta Advocacia.