Plan de Seguridad y Control en Chile: Entre la Defensa y la Controversia
Un escenario de tensión y desafíos se ha desplegado en Chile tras la presentación de un ambicioso plan de seguridad por parte de Evelyn Matthei en septiembre de 2025, y la implementación de medidas de control interno en las Fuerzas Armadas anunciadas meses antes.
El plan de Matthei incluye el despliegue de 10.000 nuevos Carabineros, la instalación de 140.000 cámaras inteligentes con reconocimiento facial, drones de alta capacidad y la creación de una defensoría para Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y las Fuerzas Armadas. Esta última medida, que busca otorgar patrocinio jurídico gratuito a los funcionarios que enfrenten causas judiciales por el cumplimiento de su deber, ha generado un intenso debate sobre los límites entre protección institucional y posibles impunidades.
Por otro lado, en julio de 2025, la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, anunció un reforzamiento de los controles internos en las Fuerzas Armadas tras un caso de narcotráfico detectado en la Fuerza Aérea de Chile (FACh). El hallazgo de ketamina en una maleta en la base Los Cóndores de Iquique llevó a la baja y detención de cinco funcionarios. Como respuesta, se aumentaron los controles, se equipararon las revisiones de vuelos militares con las de vuelos comerciales y se propuso actualizar la legislación de inteligencia para dotar a las fuerzas de herramientas más efectivas.
Voces enfrentadas en el tablero político
"Hoy día los chilenos y las chilenas lo único que quieren es orden", afirmó Matthei, marcando una postura clara que conecta con un sector ciudadano preocupado por la sensación creciente de inseguridad. Su propuesta ha sido respaldada por exgenerales y figuras políticas de derecha, que ven en la defensoría para las fuerzas de seguridad un paso necesario para fortalecer el respaldo a quienes enfrentan el crimen.
Sin embargo, desde la izquierda y sectores críticos, esta medida ha sido cuestionada. "Crear defensorías para las fuerzas de seguridad puede abrir la puerta a la impunidad y a la vulneración de derechos humanos", advierten organizaciones de derechos humanos y expertos legales. Además, la ampliación del uso de tecnologías de vigilancia ha desatado alertas sobre la privacidad y el potencial abuso en la aplicación de reconocimiento facial.
En paralelo, la respuesta del gobierno de Gabriel Boric a los casos de narcotráfico dentro de las Fuerzas Armadas ha sido vista como un intento serio de recuperar la confianza institucional. El general Hugo Rodríguez remarcó que "los involucrados fueron dados de baja y se entregaron todos los antecedentes a la Fiscalía". No obstante, algunos analistas señalan que estos hechos evidencian vulnerabilidades estructurales que requieren reformas profundas más allá de las medidas anunciadas.
Impacto regional y social
La implementación de estas medidas afecta directamente a regiones con alta presencia policial y militar, especialmente en el norte, donde el tráfico de drogas y la inseguridad han tensionado la convivencia social. Las rotaciones periódicas de oficiales y el aumento de efectivos buscan cubrir estos vacíos, pero también generan incertidumbre en las comunidades locales sobre la militarización de la seguridad.
Desde la sociedad civil, se percibe una mezcla de esperanza y escepticismo. Mientras algunos valoran el compromiso con la seguridad y la justicia, otros temen que las medidas se traduzcan en un aumento de la represión y la criminalización de la protesta social.
Constataciones finales
Los hechos confirman una realidad compleja: Chile enfrenta un desafío de seguridad que combina la lucha contra el crimen organizado con la necesidad de preservar derechos y fortalecer las instituciones. La creación de defensorías para las fuerzas de seguridad representa un cambio significativo en la relación entre el Estado y sus agentes, con implicancias jurídicas y sociales aún por dilucidar.
Por otra parte, la rápida detección del narcotráfico en la FACh y las medidas para reforzar controles internos evidencian una voluntad gubernamental de transparencia y acción, pero también ponen en evidencia las fisuras que persisten en el aparato militar.
En definitiva, este episodio invita a una reflexión profunda sobre cómo equilibrar la seguridad, la justicia y los derechos en un país que busca salir de la fragmentación y la desconfianza para construir un orden más justo y efectivo.