Aumento del sueldo mínimo en Chile: ¿qué implica realmente para los trabajadores y el sistema social?

En un escenario donde el debate público suele polarizarse entre cifras y opiniones, el Congreso chileno aprobó en junio de 2025 un aumento progresivo del sueldo mínimo, que se fijó en $529.000 desde el 1° de mayo y se proyecta a $539.000 desde el 1° de enero de 2026. Este reajuste afecta a cerca de 950 mil trabajadores y trabajadoras, principalmente entre 18 y 65 años, mientras que para menores y adultos mayores el monto es menor, con un ajuste paralelo.

Pero esta medida no es un simple aumento salarial: los beneficios sociales vinculados, como el Subsidio Único Familiar y la Asignación Familiar y Maternal, también experimentan un reajuste automático. Por ejemplo, el Subsidio Único Familiar sube de $21.243 a $22.007 por carga familiar, y en caso de discapacidad, el monto se duplica. La Asignación Familiar varía según tramos de ingreso, con valores que oscilan entre $4.267 y $22.007.

Este entramado de reajustes se extiende incluso a pensiones alimenticias, donde el mínimo para un hijo se calcula en un 40% del sueldo mínimo, es decir, alrededor de $211.600 mensuales, y para dos o más hijos, un 30% por cada uno.

Sin embargo, la discusión pública no se limita a los números oficiales. Por un lado, sectores vinculados al gobierno y sindicatos destacan el avance en la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la reducción de la pobreza laboral. Desde esta óptica, el aumento es una respuesta necesaria a la inflación y a la precariedad histórica de los ingresos mínimos.

En contraste, economistas críticos y parte del empresariado alertan sobre los riesgos de presiones inflacionarias y posibles efectos adversos en el empleo formal. El economista urbano Ignacio Aravena, por ejemplo, ha señalado que relativizar la evidencia técnica del Banco Central, que advierte sobre estos riesgos, puede debilitar la institucionalidad y fomentar decisiones basadas en percepciones más que en datos.

El contexto macroeconómico añade complejidad: la inflación en Chile ha mostrado signos de moderación desde 2023, pero la presión sobre costos laborales y precios sigue siendo un tema sensible. Además, el mercado laboral enfrenta un desempleo cercano al 8,8%, con una demanda que todavía no se recupera plenamente.

A esto se suma un fenómeno paralelo en el sistema privado de salud, donde el sueldo mínimo requerido para acceder a planes de Isapres casi se ha duplicado en cinco años, pasando de $462 mil a $865 mil líquidos, lo que restringe el acceso a la salud privada y presiona a más personas hacia Fonasa.

Este panorama revela una tensión entre la necesidad social de mejorar el ingreso mínimo y los límites estructurales de la economía, que impactan también en la calidad y acceso a otros servicios básicos.

Finalmente, el debate sobre el sueldo mínimo en Chile no solo enfrenta cifras y políticas, sino también distintas visiones sobre el rol del Estado, el mercado y la justicia social. Mientras algunos sectores ven en estos ajustes un avance hacia una sociedad más equitativa, otros advierten sobre los costos ocultos y la necesidad de reformas integrales para evitar que los aumentos salariales se vuelvan insostenibles o contraproducentes.

“El aumento del sueldo mínimo es necesario, pero debe ir acompañado de políticas que fortalezcan la productividad y el empleo formal”, señala la economista Daniela Sugg, quien insiste en la urgencia de reformar el sistema privado de salud para hacerlo más accesible y sostenible.

“Si no se toman medidas complementarias, corremos el riesgo de profundizar la crisis del sistema privado y aumentar la presión sobre el sistema público”, advierte el exsuperintendente de Salud, Patricio Fernández.

En definitiva, el alza del sueldo mínimo en Chile es una medida con impactos visibles y simbólicos, pero que debe ser entendida dentro de un entramado complejo de variables económicas, sociales y políticas. La historia reciente muestra que las decisiones apresuradas o basadas en percepciones pueden generar consecuencias no deseadas, mientras que las políticas integrales y basadas en evidencia ofrecen un camino más sostenible.

Este episodio invita a una reflexión más profunda sobre cómo equilibrar justicia social con sostenibilidad económica, y cómo construir consensos que permitan avanzar sin sacrificar la estabilidad ni la inclusión.

Fuentes: Banco Central de Chile, QuePlan.cl, Ministerio de Economía, declaraciones de Ignacio Aravena, Daniela Sugg y Patricio Fernández, informes de BioBioChile, La Tercera y La Nación.