
El 3 de julio de 2025, Hugo Morales, gásfiter que prestaba servicios en el Palacio de La Moneda, falleció tras una jornada laboral que superó las 18 horas. Su muerte desató una ola de críticas y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición, poniendo en el centro del debate las condiciones laborales en el Estado y la transparencia en la gestión pública.
Desde un inicio, la familia de Morales y diversos sectores sociales denunciaron irregularidades en la investigación: la ambulancia no pudo acceder al subterráneo del palacio, la comunicación oficial del accidente se retrasó dos días, y no se investigaron a las jefaturas responsables. Estas omisiones alimentaron desconfianza y cuestionamientos sobre la voluntad política para esclarecer los hechos.
Jeannette Jara, entonces ministra de Trabajo y hoy candidata presidencial del oficialismo, aseguró que lamentaba profundamente la situación y defendió la gestión del Ministerio, señalando que se solicitó un segundo informe a la Superintendencia de Seguridad Social y que el sumario estaba a cargo de la División Administrativa de La Moneda. Sin embargo, la oposición acusó que estas acciones fueron insuficientes y tardías, y que la ministra no cumplió con su promesa de una "investigación objetiva y rápida".
El episodio se convirtió en un campo de batalla político. Para la oposición, el caso expone la precariedad laboral y la falta de fiscalización en dependencias estatales, además de una posible negligencia en la administración pública. Para el oficialismo, en cambio, se trata de un uso electoralista de una tragedia, que busca desgastar a la candidata Jara y distraer del debate político real.
En el plano social, la muerte de Morales reabrió el debate sobre las condiciones laborales de los trabajadores tercerizados en el Estado, la sobrecarga horaria y la falta de protocolos claros para emergencias. Organizaciones sindicales y expertos han pedido reformas urgentes para evitar que casos similares vuelvan a ocurrir.
Este episodio, lejos de cerrarse con el paso del tiempo, ha dejado una herida abierta en la opinión pública y en el sistema político chileno. La tragedia de Hugo Morales no solo es la pérdida de una vida, sino un espejo que refleja las tensiones entre derechos laborales, responsabilidad estatal y luchas políticas.
Como concluye el análisis de la Fundación Ciudadanía Activa, "este caso obliga a repensar la gestión pública desde la ética y la justicia social, más allá de las disputas partidarias".
En definitiva, la muerte del gásfiter en La Moneda se instala como un símbolo incómodo: la tragedia humana enfrentada a las lógicas del poder, la política y la administración estatal, un duelo que todavía no encuentra resolución ni consenso entre sus protagonistas.