
El anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, el pasado 1 de agosto de 2025, sobre la imposición de un arancel del 50% a las importaciones de cobre chileno, ha dejado más que solo un impacto económico visible: ha desatado una batalla política interna que permanece latente y que, con el paso de los meses, ha ido tomando cuerpo y mostrando las profundidades de las divisiones en la derecha chilena.
Desde la confirmación de la medida arancelaria, Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, se ofreció públicamente para colaborar con el gobierno de Gabriel Boric en la búsqueda de una solución conjunta. Su llamado a la unidad y acción rápida contrastó con la respuesta de José Antonio Kast y su equipo, quienes optaron por la prudencia y el distanciamiento.
El coordinador económico de Kast, Jorge Quiroz, calificó la propuesta de Matthei como "propagandística" y abogó por esperar a que la situación "decante" antes de tomar cualquier medida. Este enfoque, lejos de ser un mero desacuerdo táctico, refleja una tensión más profunda: la disputa entre quienes buscan aprovechar políticamente la crisis y quienes priorizan un análisis mesurado y estratégico.
Desde la perspectiva de Matthei y su sector, la urgencia de actuar y mostrar colaboración es clave para no perder capital político y para proteger la economía nacional. Su postura ha sido respaldada por varios parlamentarios de Chile Vamos que ven en la crisis una oportunidad para fortalecer la coalición y presionar al gobierno.
Por otro lado, la posición de Kast y Quiroz enfatiza la necesidad de evitar decisiones precipitadas que puedan exacerbar la incertidumbre económica. En palabras de Quiroz, "Somos un país pequeño que debe pensar con calma y serenidad qué hacer". Esta voz ha encontrado eco en ciertos analistas económicos que advierten sobre los riesgos de la politización excesiva de un problema que, aunque grave, requiere respuestas técnicas y coordinadas.
En el plano social, esta disputa ha generado inquietud entre sectores productivos y trabajadores vinculados a la minería y exportación de cobre, que observan con preocupación la falta de una estrategia clara y consensuada. Las comunidades afectadas demandan certezas y un liderazgo que trascienda las diferencias partidarias.
Regionalmente, las regiones mineras del norte han expresado críticas hacia la demora en la respuesta gubernamental y la falta de unidad política, lo que ha tensado aún más el escenario.
En definitiva, esta fractura en la derecha chilena no es solo un episodio más de desencuentro político; es un reflejo palpable de las dificultades para articular un frente común frente a desafíos externos que requieren, simultáneamente, pragmatismo y liderazgo.
A más de tres meses de la imposición de los aranceles, la situación económica muestra signos de estabilización, pero la batalla política continúa. La crisis ha dejado en evidencia que la derecha chilena está dividida entre quienes privilegian la acción inmediata y la visibilidad política, y quienes apuestan a la espera estratégica y a no caer en la tentación de la propaganda.
Esta disonancia cognitiva, lejos de debilitar la democracia, ofrece una oportunidad para que los ciudadanos reflexionen sobre las prioridades y métodos en la gestión de crisis. El desafío, ahora, es que estas diferencias no se traduzcan en inacción o en un juego de suma cero, sino en un diálogo constructivo que permita a Chile enfrentar con mayor cohesión futuros embates externos.
Fuentes consultadas incluyen declaraciones oficiales de los equipos de Kast y Matthei, análisis de economistas independientes y reportes regionales de las zonas mineras.