
Un pulso político y jurídico que trasciende la mera candidatura electoral ha puesto a Ximena Rincón, presidenta de Demócratas y senadora por el Maule, en el centro de un verdadero coliseo político que ha puesto en jaque su continuidad parlamentaria y ha tensionado alianzas y discursos en el espectro político chileno.
El 5 de septiembre de 2025, partidos del oficialismo y la Democracia Cristiana (DC) presentaron un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para impugnar la candidatura de Rincón, alegando que su postulación para un tercer período consecutivo vulnera el artículo 51 inciso tercero de la Constitución. Este artículo establece un límite de dos periodos consecutivos para senadores, y la controversia se centra en si su interrupción de mandato en 2014 por asumir un cargo ministerial interrumpe ese conteo.
La disputa gira en torno a la interpretación del tiempo efectivo en el cargo, pues Rincón ejerció como senadora hasta el mediodía del 11 de marzo de 2014 y participó en la sesión de instalación del nuevo Senado ese mismo día. Para el oficialismo y la DC, esto implica que cumplió más de la mitad de su mandato, por lo que no podría aspirar a un tercer periodo consecutivo.
Como señala el abogado Gabriel Osorio, representante del oficialismo en el reclamo, "una interpretación distinta permitiría dejar sin aplicación la norma, y de manera absolutamente irregular, una persona podría ejercer el cargo por 24 años consecutivos, muy por sobre el límite de 16 años fijados por el Constituyente".
Desde la vereda opuesta, Demócratas defienden la candidatura de Rincón argumentando que "no existe norma alguna que impida su repostulación" y que el sistema político intenta "tergiversar la Constitución para eliminar competencia con atajos legales". La senadora ha atribuido la impugnación a una "pasada de cuentas" política por su rol en la campaña del Rechazo a la Constitución de 2022, señalando directamente al senador DC Francisco Huenchumilla como responsable.
El Tricel resolvió finalmente no permitir la candidatura de Rincón para el periodo 2026-2034, consolidando un precedente que podría definir la interpretación de límites de reelección para parlamentarios en Chile. La decisión fue recibida con resignación por sectores de centroderecha, como el diputado RN Diego Schalper, quien afirmó que "en Estado de Derecho, los fallos se respetan", aunque lamentó la exclusión política y humana que esto implica.
Pero la controversia no se limita a la impugnación electoral. En septiembre de 2025, Rincón generó un nuevo foco de tensión al respaldar públicamente la necesidad de regularizar a inmigrantes para cubrir la escasez de mano de obra en el sector agrícola, siguiendo declaraciones del presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker.
Rincón afirmó que "la migración en el campo es fundamental porque hay trabajos que nuestros ciudadanos ya no quieren hacer" y que es necesario que los inmigrantes tengan su situación migratoria al día. Sin embargo, esta postura provocó un inmediato desmarque dentro de Chile Vamos, donde senadores UDI y RN reiteraron que bajo un eventual gobierno de Evelyn Matthei no se regularizarán inmigrantes ilegales, defendiendo el fortalecimiento de la visa de trabajador de temporada.
El candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, fue aún más enfático, señalando que "la solución no puede ser regularizar a cientos de miles de inmigrantes ilegales" y advirtiendo sobre el riesgo de "efecto llamada".
Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, fue más duro aún, acusando que quienes contratan inmigrantes ilegales están cometiendo un delito y que el costo recae en la población más vulnerable.
Este episodio reveló fracturas internas en la coalición de centroderecha, que enfrenta el desafío de equilibrar las necesidades económicas del sector agrícola con las demandas sociales y políticas sobre migración y seguridad.
En este escenario de tensiones, la figura de Ximena Rincón emerge como un personaje que encarna las complejidades del Chile político actual: entre la interpretación jurídica de la Constitución, la dinámica de alianzas políticas fluctuantes y la gestión de temas sociales sensibles como la migración laboral.
El caso Rincón no solo pone en cuestión los límites legales para la representación parlamentaria, sino que también desnuda las disputas internas de los bloques políticos y la dificultad de construir consensos en un país que busca estabilidad tras años de crisis y polarización.
Con la exclusión de Rincón de la carrera electoral, la coalición Chile Vamos y el bloque oficialista deberán reconfigurar sus estrategias, mientras que el debate migratorio seguirá siendo un campo minado que exige respuestas claras y consensuadas.
En definitiva, esta saga política confirma que en Chile, las reglas del juego democrático están en plena redefinición, y que los actores políticos se enfrentan a un desafío mayúsculo: cómo equilibrar la letra fría de la ley con la realidad social y política que demanda flexibilidad, diálogo y visión de futuro.