El fin del régimen especial en Punta Peuco: un cambio que divide a Chile

En julio de 2025, el decreto presidencial para convertir Punta Peuco en un penal común ingresó a la Contraloría General de la República, marcando un hito en la política penitenciaria chilena. Este recinto, ubicado en Tiltil, ha sido desde su creación un espacio reservado para 139 internos condenados por violaciones graves a los derechos humanos durante la dictadura militar. La medida anunciada por el Presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública busca eliminar ese régimen especial, integrando a estos internos al sistema penitenciario común, un cambio con profundas implicancias simbólicas y prácticas.

“El decreto ya se encuentra firmado tanto por el Presidente de la República como por el ministro de Justicia. Solo queda la toma de razón por parte de la Contraloría para que el cambio sea efectivo”, explicó el ministro de Justicia Jaime Gajardo, responsable de llevar adelante esta transformación.

Este proceso ha desatado un choque frontal entre distintas visiones. Desde la izquierda y sectores de derechos humanos, se celebra la medida como un acto de justicia que busca terminar con privilegios para quienes cometieron crímenes atroces y reafirmar la igualdad ante la ley. “No puede existir un lugar especial para quienes violaron gravemente los derechos humanos. La justicia debe ser igual para todos”, argumentan.

Por otro lado, voces conservadoras y algunos familiares de los internos alertan sobre un posible revanchismo político y un debilitamiento de las garantías penales que, según ellos, podrían poner en riesgo la seguridad y la integridad de los condenados. La defensa de Punta Peuco como un espacio diferenciado se basa en la edad avanzada de muchos internos y en la naturaleza particular de sus condenas.

En el plano regional, la comunidad de Tiltil observa con atención y cierta inquietud cómo este cambio puede afectar la dinámica local, ya que la cárcel ha sido parte del tejido social y económico del sector. Mientras algunos ven oportunidades para una mayor integración y normalización, otros temen que la transición genere tensiones o problemas de seguridad.

Desde una perspectiva histórica, este paso se inscribe en una larga y compleja batalla por la memoria y la justicia en Chile. Punta Peuco ha sido un símbolo tanto de impunidad como de reconocimiento tardío a las víctimas. Su transformación implica un giro en la manera en que el Estado chileno enfrenta su pasado, con consecuencias que van más allá del ámbito penitenciario.

Finalmente, la realidad es que, tras años de debate y litigios, el proceso parece irreversible. La Contraloría debería emitir su toma de razón en los próximos meses, cerrando una etapa y abriendo otra en la gestión de la justicia transicional. La pregunta que queda flotando es cómo este cambio influirá en la reconciliación nacional y en la percepción ciudadana sobre el sistema penal y los derechos humanos.

En suma, la transformación de Punta Peuco es un desafío que enfrenta a distintos sectores en una arena donde se juegan la memoria, la justicia y la convivencia social. Más allá de las posiciones encontradas, el hecho es que Chile está dando un paso decisivo hacia la normalización de un capítulo doloroso de su historia, con todas las tensiones y esperanzas que ello conlleva.