Empresas latinoamericanas y españolas bajo la lupa por su rol en el conflicto de Gaza: ¿negocio o complicidad?

El conflicto en Gaza ha dejado una estela de tragedia humana que no se detiene en el campo de batalla, sino que se extiende hasta los pasillos de empresas multinacionales que operan en América Latina y España. El 10 de julio de 2025, Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, presentó un informe al Consejo de Derechos Humanos denunciando que cinco grandes compañías se han beneficiado económicamente del genocidio en Gaza. Estas empresas —Orbia Advance Corporation (México), Petrobras (Brasil), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF, España), Drummond y Glencore (exportadoras de carbón desde Colombia)— se encuentran en el centro de un debate que mezcla intereses económicos, responsabilidad social y derechos humanos.

Contradicciones políticas y empresariales

El choque entre las posturas políticas y las realidades empresariales es uno de los puntos más álgidos. Mientras el presidente colombiano Gustavo Petro anunció en junio de 2024 la suspensión de exportaciones de carbón a Israel, el informe de la ONU revela que compañías multinacionales como Drummond y Glencore continuaron enviando carbón al país. En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha condenado enérgicamente el "genocidio" israelí en Gaza y retiró a su embajador de Tel Aviv, pero Petrobras, la petrolera mayoritariamente estatal, niega haber vendido petróleo crudo o fuelóleo a Israel durante el periodo señalado.

“Petrobras respeta y promueve los derechos humanos”, afirmó la empresa, argumentando que no se puede atribuir la exportación de petróleo a Israel solo por su participación en campos petrolíferos brasileños. Esta explicación, sin embargo, no ha logrado despejar la sombra de dudas ni las críticas internacionales.

Infraestructura y expansión: la sombra de la ocupación

Orbia Advance Corporation, a través de su subsidiaria Netafim, ha sido acusada de facilitar la explotación intensiva de recursos hídricos en Cisjordania, beneficiando el expansionismo israelí. Su tecnología de riego por goteo ha sido diseñada para ajustarse a las necesidades de colonias israelíes, desplazando a agricultores palestinos. La denuncia va más allá: se señala que estas tecnologías se perfeccionan en colaboración con empresas israelíes vinculadas a la industria militar.

Por su parte, el grupo CAF está implicado en el desarrollo de infraestructuras de transporte público en Jerusalén que, según organizaciones como Amnistía Internacional, consolidan asentamientos ilegales y contribuyen a la segregación de la población palestina. Mientras otras empresas españolas se han retirado por presión internacional, CAF continúa en consorcios que mantienen y amplían líneas de tranvía en territorios ocupados.

Voces en pugna

La relatora de la ONU, Francesca Albanese, sostiene que estas empresas "contribuyen a la infraestructura que permite la ocupación y la destrucción de la vida palestina", y llama a sanciones y presiones internacionales para frenar esta dinámica.

Las empresas acusadas, en cambio, rechazan categóricamente las imputaciones o argumentan que no actúan fuera del marco legal internacional. Gobiernos como el de Israel califican el informe de "infundado" y lo desestiman por completo.

En América Latina, las voces ciudadanas y de organizaciones sociales han aprovechado este informe para exigir mayor coherencia entre las políticas públicas y las prácticas comerciales, demandando que los Estados regulen y supervisen el accionar de sus empresas en el exterior, especialmente en contextos de conflicto.

Constataciones y consecuencias

Este caso desnuda una realidad incómoda: la economía globalizada puede alimentar conflictos y atrocidades, incluso cuando los gobiernos adoptan discursos críticos o condenatorios. La divergencia entre discurso político y acción empresarial pone en evidencia vacíos legales y éticos en la regulación internacional y en la responsabilidad social corporativa.

Además, la continuidad de estas operaciones refuerza la infraestructura que sostiene la ocupación y la violencia, prolongando el sufrimiento de las poblaciones afectadas. La presión internacional, la vigilancia ciudadana y la transparencia empresarial se vuelven piezas clave para evitar que el lucro se imponga sobre los derechos humanos.

En definitiva, este episodio invita a repensar el papel de las empresas transnacionales en zonas de conflicto, la efectividad de las sanciones y la necesidad de un compromiso real y verificable con la justicia global. La tragedia de Gaza no es solo un conflicto lejano; es un espejo que refleja las complejas interacciones entre poder, dinero y ética en el mundo contemporáneo.