Cámara aprueba endurecimiento de penas para adolescentes: un debate que trasciende la ley
El pasado 10 de julio, la Cámara de Diputados aprobó en general un proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, ampliando las penas para menores entre 14 y 16 años que cometan delitos violentos. La iniciativa, impulsada por el diputado Andrés Longton (RN), propone extender la internación cerrada de cinco a diez años para infractores de esta franja etaria, afectando delitos graves como homicidio, violación y robo con secuestro.
Este avance legislativo, respaldado por 86 votos a favor, 46 en contra y cuatro abstenciones, no ha estado exento de controversia. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, calificó la medida como poco efectiva, argumentando que no contribuirá ni a la reducción de delitos ni a la reinserción de jóvenes infractores. Su posición se apoya en datos del Ministerio Público que indican que los adolescentes representan apenas un 2% de los ingresos penales y que la reincidencia en este grupo ha disminuido notablemente en los últimos años, de un 52% en 2009 a un 25% en la actualidad.
Desde la perspectiva política, el debate refleja una fractura entre sectores que priorizan la mano dura y quienes abogan por políticas de prevención y rehabilitación. Los parlamentarios que apoyan el endurecimiento sostienen que la gravedad de ciertos delitos exige una respuesta más severa para proteger a la sociedad y enviar un mensaje disuasivo. Por otro lado, organizaciones sociales y expertos en derechos humanos alertan sobre los riesgos de criminalizar tempranamente a adolescentes y la necesidad de fortalecer los programas de reinserción y apoyo psicosocial.
En el plano regional, la medida ha generado inquietud en zonas con alta incidencia de violencia juvenil, donde la comunidad demanda soluciones urgentes pero también teme que el aumento de penas no aborde las causas estructurales del fenómeno. Voces ciudadanas expresan sentimientos encontrados: “Queremos seguridad, pero también oportunidades para que nuestros jóvenes no terminen en el sistema penal”, señala una representante de organizaciones comunitarias en la Región Metropolitana.
El proyecto también introduce modificaciones procesales, estableciendo que todos los casos que involucren a adolescentes y adultos se tramitarán bajo jurisdicción especializada, y contempla sanciones más duras ante incumplimientos del régimen cerrado, incluyendo la suspensión de beneficios como la remisión de condena.
A casi cinco meses de aprobada la idea de legislar, el texto se encuentra en revisión en la Comisión de Constitución, donde se discuten indicaciones que podrían modificar su alcance. La discusión sigue abierta, y las próximas semanas serán cruciales para definir el rumbo final de esta reforma.
En conclusión, este proyecto de ley ha puesto en escena un conflicto clásico entre seguridad y derechos, castigo y prevención, que no encuentra respuestas simples. El endurecimiento de penas para adolescentes en delitos violentos no solo plantea un cambio normativo, sino que desata un debate profundo sobre la justicia juvenil, la eficacia de las sanciones y el futuro de miles de jóvenes en situación de vulnerabilidad. La tensión entre castigar y rehabilitar, entre proteger a la sociedad y garantizar derechos fundamentales, se mantiene como el gran desafío que enfrentan legisladores, expertos y comunidades en Chile hoy.