Gobierno modifica el FES: tope de beneficiarios y límites de pago sin resolver el copago
El debate por el futuro del financiamiento estudiantil en Chile ha dado un giro inesperado con la reciente batería de indicaciones que el Ejecutivo presentó al proyecto de ley del Financiamiento para la Educación Superior (FES).
El miércoles 9 de julio de 2025, el gobierno ingresó modificaciones clave a la iniciativa que busca reemplazar el Crédito con Aval del Estado (CAE), justo cuando la discusión legislativa se calienta en la Comisión de Hacienda.
Una nueva flexibilidad para los estudiantes
Hasta ahora, el CAE obligaba a solicitar el 100% del financiamiento, pero las indicaciones permiten ahora a los estudiantes elegir entre financiar el 50%, 75% o 100% del arancel regulado y derechos básicos de matrícula. Esto implica que las universidades podrán cobrar solo la parte no cubierta por el FES, abriendo espacio para que las familias aporten directamente.
Desde el Ejecutivo destacan que esta medida responde a un pedido de las instituciones de educación superior, pues mejora la liquidez de las casas de estudio y reduce la carga financiera de los futuros profesionales.
Tope a los nuevos beneficiarios: un freno a la expansión
Para controlar el crecimiento del sistema y asegurar su sostenibilidad, se estableció un límite anual de 80.000 nuevos estudiantes que podrán acceder por primera vez al FES, sumándose a los casi 270.000 que migrarán desde el CAE.
El desglose establece 56.000 cupos para financiamiento total, 8.000 para 75% y 16.000 para 50%. En caso de que las solicitudes excedan estos cupos, la asignación se realizará según criterios socioeconómicos.
Expertos señalan que esta medida busca mantener el carácter autocontenido y responsable del sistema, aunque abre interrogantes sobre el acceso equitativo en el mediano plazo.
Límites claros para el pago: evitando excesos
Una crítica recurrente al CAE fue que algunos beneficiarios terminaban pagando mucho más que el costo real de su carrera, debido al mecanismo de cálculo en función del tiempo y no del monto.
El nuevo artículo 21 introduce un límite a la obligación de pago, permitiendo que, una vez cumplido el 90% del plazo de pago y habiendo desembolsado 3,5 veces el arancel regulado multiplicado por los años cursados, el beneficiario pueda solicitar la extinción de su deuda.
Esto busca eliminar situaciones "grotescas" y reducir la incertidumbre financiera para los egresados.
Lo que sigue pendiente: el copago y la incertidumbre
A pesar de estos avances, el proyecto sigue sin abordar de manera definitiva la ampliación del copago, una demanda insistente de rectores y sectores académicos que plantean que debería extenderse hasta el séptimo decil de ingresos.
Desde el gobierno aseguran que las conversaciones con las instituciones continúan, y que la inclusión del copago no es la única alternativa para financiar el sistema en el futuro.
Reacciones encontradas
Mientras el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, valoró las indicaciones como un equilibrio entre flexibilidad y responsabilidad fiscal, voces críticas como la del diputado Miguel Mellado (RN) calificaron el proyecto como "más confuso" y cuestionaron que estudiantes puedan terminar pagando más que el costo de sus carreras.
Constataciones finales
Este paquete de indicaciones representa un intento claro por parte del Ejecutivo de dar respuesta a las críticas más urgentes al FES, en particular la rigidez del financiamiento y la sostenibilidad fiscal.
Sin embargo, el desafío de equilibrar acceso, equidad y responsabilidad financiera sigue abierto, en un contexto donde la educación superior chilena enfrenta tensiones estructurales profundas.
El tope de beneficiarios y la flexibilidad en el porcentaje financiado son medidas que podrían contener el gasto público, pero también podrían generar exclusiones o segmentaciones en el acceso.
El límite a la devolución de la deuda es un avance para evitar cargas desproporcionadas, aunque no elimina la complejidad del sistema de pago en sí.
En definitiva, la reforma del financiamiento estudiantil se juega en este escenario la confianza de futuros estudiantes y familias, así como la viabilidad fiscal y social del proyecto educativo nacional.
Será clave observar cómo avanza la discusión legislativa en las próximas semanas y si se logra incorporar una solución integral al copago, o si la tensión entre acceso y financiamiento seguirá marcando la agenda.
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Fuentes consultadas incluyen reportes oficiales del Ministerio de Educación, análisis del equipo de presupuesto de Hacienda y declaraciones públicas recogidas en La Tercera y Diario Financiero.