Disputa sobre la multa electoral para extranjeros en Chile: ¿igualdad o privilegio?

En el Chile de 2025, la discusión sobre el voto de extranjeros avecindados ha retomado protagonismo, no por la incorporación del derecho al sufragio, sino por la controversia que genera la aplicación de multas a quienes no ejercen ese derecho. Desde julio, el debate se centra en si los extranjeros deben ser multados por no votar, al igual que los ciudadanos chilenos.

El gobierno y sectores oficialistas defienden que solo los ciudadanos nacionales deberían enfrentar sanciones, mientras que una parte del Congreso y organizaciones sociales reclaman que la obligatoriedad y las multas deben aplicarse a todos en igualdad de condiciones, sin importar la nacionalidad. “Suprimir la multa para los extranjeros avecindados y mantenerla para los ciudadanos chilenos que no voten es introducir una discriminación que solo parece encontrar motivaciones políticas”, argumenta un análisis parlamentario recogido por La Tercera.

Este desencuentro no es solo jurídico, sino también político y simbólico. Para algunos, eximir a los extranjeros de multa reconoce su integración y participación voluntaria en la vida democrática, respetando su condición de residentes y evitando coerción. Para otros, representa un trato desigual que vulnera el principio de igualdad ante la ley y genera un incentivo para la abstención, distorsionando la responsabilidad cívica compartida.

El Senado aprobó un proyecto que establece multa para todos los electores, pero la iniciativa no ha prosperado en la Cámara de Diputados, donde se busca aprobar un proyecto alternativo presentado por la diputada Joanna Pérez. Este proyecto propone multas de entre media y tres UTM solo para ciudadanos, dejando fuera a los extranjeros. Sin embargo, la iniciativa ha vuelto a comisión tras indicaciones y no se prevé un cierre definitivo antes de las próximas elecciones.

Desde la perspectiva constitucional, el debate se complica. La actual Carta Magna exige que una ley orgánica constitucional regule las sanciones electorales, pero no define con claridad el tratamiento para extranjeros con derecho a voto, lo que abre espacio a interpretaciones divergentes. Expertos en derecho constitucional llaman a abordar esta materia en un proceso de reforma más amplio y reflexivo, desvinculado del calendario electoral para evitar decisiones apresuradas y sesgadas.

En el plano social, la polémica ha generado voces encontradas. Organizaciones de derechos humanos y colectivos de migrantes exigen que se reconozcan plenamente los derechos políticos de los extranjeros, incluyendo la participación voluntaria sin penalizaciones. En contraste, sectores conservadores y algunos ciudadanos manifiestan preocupación por la posible erosión de la soberanía y la identidad nacional, vinculando la obligatoriedad del voto con deberes ciudadanos exclusivos.

Este enfrentamiento político y social expone tensiones profundas sobre la convivencia en una sociedad cada vez más diversa y globalizada. La cuestión no es solo jurídica, sino también ética y cultural: ¿Debe el sistema electoral chileno reflejar una igualdad formal estricta o considerar diferencias en la condición política y social de sus habitantes?

A cuatro meses de las elecciones generales, la falta de consenso mantiene abierta una herida que expone las dificultades para construir acuerdos inclusivos en torno a derechos y deberes democráticos. La discusión deja en evidencia que la solución no puede ser un simple ajuste legal, sino un diálogo amplio que integre las múltiples perspectivas y valores en juego.

En definitiva, la controversia sobre la multa electoral para extranjeros revela que la democracia chilena enfrenta un momento de tensión entre tradición y cambio, entre uniformidad y pluralidad. La decisión que se tome tendrá consecuencias visibles en la participación política, la percepción de justicia y la cohesión social, marcando un precedente para la integración de quienes llaman a Chile su hogar.