Estados Unidos endurece restricciones migratorias: la salud como nuevo filtro para visas

Una nueva frontera en la política migratoria estadounidense se ha abierto con la reciente decisión de la Administración Trump de negar visas a inmigrantes que padezcan enfermedades crónicas como obesidad, diabetes y afecciones cardiovasculares. El 14 de noviembre de 2025, se publicó un cable oficial que instruye a embajadas y consulados a aplicar estas medidas desde enero de 2026, ampliando los criterios médicos que hasta ahora evaluaban solo enfermedades contagiosas.

Este cambio representa un giro radical en la interpretación de la salud como factor para la admisión migratoria. Funcionarios ahora deben considerar si el solicitante representa una “carga pública” potencial, evaluando su capacidad para costear tratamientos médicos sin ayuda estatal. La medida incluye no solo al solicitante, sino también a sus familiares dependientes, cuestionando si estos podrían impedir al titular mantener un empleo estable.

Los protagonistas y sus argumentos se enfrentan en un escenario tenso. Por un lado, la Administración justifica la medida como una forma de proteger recursos públicos y garantizar la sostenibilidad del sistema de salud estadounidense. Desde Washington, se enfatiza la necesidad de evitar que el Estado asuma costos millonarios derivados de enfermedades crónicas que requieren tratamientos prolongados.

Charles Wheeler, abogado de la Red Católica de Inmigración Legal, advierte que esta política es preocupante porque “el personal encargado carece de formación médica y podría basar sus decisiones en prejuicios o conjeturas”, poniendo en riesgo derechos fundamentales y abriendo la puerta a discriminaciones arbitrarias.

En el plano social y regional, organizaciones de derechos humanos y comunidades inmigrantes en Estados Unidos han expresado alarma. Señalan que la medida afecta principalmente a poblaciones vulnerables, entre ellas latinoamericanos, donde la diabetes y enfermedades cardiovasculares tienen alta prevalencia. “Esta política no solo es un filtro sanitario, sino un muro que excluye y estigmatiza a quienes buscan mejores condiciones de vida”, afirma una representante de una ONG de apoyo migrante en California.

Desde una perspectiva médica, expertos recuerdan que aproximadamente el 10% de la población mundial padece diabetes, y que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte global. “Negar visas basándose en estas condiciones es una medida que ignora la complejidad de las enfermedades crónicas y la capacidad de manejo actual”, señala un cardiólogo consultado.

Las consecuencias ya visibles incluyen un aumento en la incertidumbre para miles de solicitantes y sus familias, quienes enfrentan ahora un proceso migratorio más restrictivo y subjetivo. Además, se abre un debate sobre la ética y la legalidad de usar criterios médicos como barreras migratorias, y sobre el papel del Estado en la protección de derechos humanos frente a políticas de seguridad nacional.

En conclusión, esta medida pone en evidencia una tensión profunda entre la soberanía nacional y los derechos individuales, entre la protección de recursos públicos y la inclusión social. La política migratoria estadounidense, en esta nueva etapa, se configura como un campo de batalla donde la salud se convierte en un arma de exclusión más que en un derecho a proteger. El desafío para la comunidad internacional y para Chile, país con fuerte vínculo migratorio con EE.UU., será observar cómo esta política impacta no solo en cifras, sino en vidas humanas y en la redefinición de la migración en el siglo XXI.