
El 9 de julio de 2025, Donald Trump anunció una nueva ronda de aranceles que afectan a 14 países, incluyendo a varias naciones latinoamericanas. A través de su red social, Truth Social, el expresidente estadounidense difundió las cartas oficiales que notificaban gravámenes que oscilan entre el 20% y el 30% para países como Filipinas, Moldavia, Argelia, Irak, Brunei y Libia, y que se suman a un impuesto del 50% sobre las exportaciones de cobre que comenzó a regir el 1 de agosto. Esta escalada en la política proteccionista ha puesto en jaque a economías dependientes de la exportación de materias primas y productos manufacturados.
Desde la perspectiva política, los gobiernos latinoamericanos se han dividido. Algunos sectores, como el oficialismo en países exportadores de cobre y minerales, han expresado su preocupación por "el riesgo de desincentivar la inversión extranjera y la estabilidad económica", mientras que voces opositoras critican la falta de una estrategia regional para enfrentar estas presiones y llaman a fortalecer bloques comerciales alternativos.
En el ámbito empresarial, las cámaras de comercio y asociaciones industriales han señalado que "la imposición de aranceles desarticula las cadenas de suministro y eleva los costos de producción". En particular, el sector minero ha sufrido un golpe directo con el gravamen al cobre, un pilar económico para Chile y Perú, generando incertidumbre en los mercados y la bolsa local.
Por otro lado, desde la sociedad civil, organizaciones ambientalistas y grupos de consumidores han aprovechado la coyuntura para denunciar que "la guerra arancelaria refleja una visión cortoplacista que no considera los impactos sociales y ambientales de la sobreexplotación minera". Este enfoque trae a la superficie debates sobre la sostenibilidad y la necesidad de diversificar las economías nacionales.
Las consecuencias visibles de esta política proteccionista no se limitan al plano económico. En la región, se ha observado un aumento en las tensiones diplomáticas, con llamados a negociaciones multilaterales pero también con episodios de desconfianza y retórica beligerante. La Casa Blanca, por su parte, ha mantenido la postura de buscar un "equilibrio comercial que favorezca los intereses estadounidenses", dejando claro que la puerta para acuerdos está abierta, pero bajo términos estrictos.
En conclusión, la escalada arancelaria impulsada por Trump ha desatado un choque de fuerzas en América Latina que va más allá de lo económico. Los gobiernos, las empresas y la sociedad civil se enfrentan a un desafío común: cómo adaptarse y responder a un escenario global marcado por el proteccionismo y la incertidumbre. Esta historia, lejos de cerrarse, sigue desplegándose en un tablero donde cada actor juega su partida con consecuencias que recién comienzan a vislumbrarse con claridad.
2025-11-12
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