
En un movimiento que ha reconfigurado las relaciones comerciales internacionales, Estados Unidos notificó en julio de 2025 la imposición de aranceles a seis nuevos países, elevando a 20 el total de naciones sometidas a gravámenes adicionales. Esta decisión, anunciada por la administración Trump, se ha manifestado como una escalada en la ya tensa guerra comercial que mantiene la primera potencia mundial, generando un complejo escenario de incertidumbre y reajustes económicos.
Los aranceles varían entre 20% y 30% según el país, afectando a naciones como Argelia, Libia, Irak, Brunéi, Moldavia y Filipinas. Si bien las cifras parecen claras, la historia detrás de estos números es un tejido de tensiones políticas, negociaciones extendidas y dudas sobre el compromiso real de Washington con sus amenazas arancelarias.
Desde la perspectiva estadounidense, este endurecimiento tarifario se enmarca en la estrategia de "proteger la industria nacional y reducir el déficit comercial", según declaraciones oficiales. Sin embargo, la forma y la velocidad con que se aplicaron estos aranceles han generado críticas tanto internas como externas.
Por un lado, sectores empresariales en Estados Unidos muestran preocupación por la escalada de costos en insumos importados, mientras que en los países afectados, la reacción es de rechazo y búsqueda de alternativas comerciales. En el caso de Filipinas e Irak, se observaron ajustes en las tasas arancelarias que reflejan negociaciones y presiones diplomáticas, con una reducción del 39% a 30% para Irak y un aumento de 17% a 20% para Filipinas.
Chile, como país exportador de cobre y otros minerales, ha observado con atención esta dinámica. "La incertidumbre en el mercado global afecta directamente los precios del cobre, un insumo clave para nuestra economía", señala un analista del sector minero local. El cobre, que ha experimentado fluctuaciones en su cotización, enfrenta ahora un entorno más volátil debido a la guerra comercial y las posibles represalias.
Además, la ampliación de aranceles a países asiáticos como Brunéi y Filipinas tiene implicancias en la cadena de suministro regional, afectando a sectores industriales y tecnológicos en Chile que dependen de insumos importados.
En Wall Street, la noticia generó inicialmente escepticismo, especialmente tras la extensión del plazo para negociaciones del 24 de julio al 1 de agosto, anunciada por orden ejecutiva de Trump. "No estamos seguros de si estas fechas serán definitivas, lo que añade volatilidad a los mercados", comentó un gestor de fondos.
Por su parte, representantes de los países afectados han manifestado su intención de buscar acuerdos, pero también han advertido sobre posibles represalias y la necesidad de fortalecer alianzas multilaterales para contrarrestar las políticas proteccionistas.
Tras meses de desarrollo, queda claro que esta expansión arancelaria no es un simple ajuste económico, sino un capítulo de una disputa geopolítica más amplia que redefine la globalización. La imposición de aranceles a 20 países refleja un cambio en el equilibrio comercial global, con consecuencias palpables en mercados, cadenas productivas y relaciones diplomáticas.
Para Chile y otros países latinoamericanos, la lección es doble: la necesidad de diversificar mercados y fortalecer mecanismos regionales que permitan amortiguar los impactos de decisiones externas abruptas. La guerra comercial estadounidense, en definitiva, no solo es un desafío económico, sino un llamado a repensar estrategias de inserción internacional en un mundo cada vez más fragmentado.
2025-11-12
2025-11-12