Chile avanza en la expropiación de Colonia Dignidad para convertirla en un sitio de memoria: Un enfrentamiento entre reparación histórica y derechos actuales

Un proceso histórico en curso

El 7 de julio de 2025, el Gobierno chileno formalizó la firma del decreto que establece la expropiación de 117 hectáreas de lo que fue la infame Colonia Dignidad, hoy Villa Baviera, en la Región del Maule. Este enclave, fundado en 1961 por el exmilitar nazi Paul Schäfer, funcionó durante décadas como una secta aislada, escenario de abusos sexuales, torturas y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, además de un centro de detención y exterminio durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Estamos firmando formalmente la programación de la expropiación", declaró Jaime Gajardo, ministro de Justicia, al momento de la firma, subrayando el compromiso del Estado por transformar el lugar en un sitio público de memoria y reflexión.

El decreto contempla la adquisición de áreas emblemáticas como la casa de Schäfer, la 'bodega de papas' usada como centro de tortura, el hospital donde se aplicaban psicofármacos y las fosas con evidencias de desapariciones forzadas.

Perspectivas en choque: memoria versus comunidad viva

Este avance no ha estado exento de controversias. Los actuales habitantes y descendientes de la colonia, que suman alrededor de 123 personas, han expresado su profundo rechazo a la medida. Argumentan que la expropiación incluye sus viviendas y medios de vida, dejándolos sin sustento y sin un espacio para desarrollarse.

"Este proceso de reparación tan necesario está pasando por encima de nosotros, que vemos vulnerados nuestros derechos como chilenos y víctimas", denuncian en una declaración pública, diferenciando su oposición a la expropiación de la creación del sitio de memoria en sí.

Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes han celebrado la medida como un paso fundamental para reconocer la verdad y evitar la repetición de atrocidades. Margarita Romero, presidenta de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos de Colonia Dignidad, afirmó que los crímenes ocurrieron en todo el territorio y que la justicia ha sido obstaculizada por algunos líderes actuales.

Un legado complejo: la sombra de la secta y la propiedad

La ex Colonia Dignidad ha estado marcada por una compleja estructura societaria y económica. Tras la caída de la dictadura, los bienes pasaron a un holding empresarial controlado por un reducido grupo de familias, muchas de ellas vinculadas a los antiguos jerarcas de la secta.

Los terrenos se han reducido de 17 mil a cerca de 5 mil hectáreas, y la administración actual ha enfrentado críticas por falta de transparencia y acusaciones de que los beneficios económicos no han llegado a todos los accionistas.

Winfried Hempel, abogado y excolono, denuncia que "sólo cuatro familias tienen el control absoluto" y que persiste una suerte de secta interna que impide la participación democrática y obstaculiza la justicia.

Compromisos internacionales y desafíos pendientes

El proceso de reparación tiene también un componente internacional. En marzo de 2025, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier visitó Chile y expresó su compromiso con el esclarecimiento histórico y la creación de un sitio de memoria en Villa Baviera.

"Somos muy conscientes del dolor de las víctimas", afirmó Steinmeier, destacando la colaboración entre ambos países para avanzar en la reparación.

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha recomendado levantar el secreto sobre los testimonios recogidos por la Comisión Valech para facilitar la búsqueda de desaparecidos y la verdad plena.

Verdades y consecuencias visibles

Este proceso de expropiación y creación de un sitio de memoria representa un hito en la historia reciente de Chile, un país que aún lidia con las heridas abiertas de la dictadura.

Sin embargo, la tragedia no es solo histórica sino también contemporánea: la comunidad que hoy habita Villa Baviera sufre la amenaza de perder su hogar y medios de vida, en medio de un debate que pone en tensión la reparación colectiva y los derechos individuales.

La administración estatal deberá enfrentar el desafío de construir una memoria que sea inclusiva y justa, que honre a las víctimas y permita la reflexión social, sin invisibilizar a quienes también han sufrido y viven en ese territorio.

El proceso legal y social que sigue, con la tasación, indemnización y administración futura del sitio, será un termómetro del compromiso del Estado con la justicia transicional y con la complejidad de las memorias en conflicto.

La meta oficial es concluir la expropiación antes del término del mandato del presidente Boric, en marzo de 2026, aunque los plazos podrían extenderse ante la resistencia y las complejidades jurídicas.

En definitiva, la historia de Colonia Dignidad continúa escribiéndose, ahora en un escenario donde convergen la memoria, la justicia, la política y la vida cotidiana de sus habitantes, en un duelo que interpela a toda la sociedad chilena.