Caso FACh y narco: el Presidente Boric sin injerencia directa en la investigación pero con consecuencias políticas inesperadas

El caso que sacudió a la Fuerza Aérea de Chile (FACh) a mediados de 2025, cuando exfuncionarios fueron descubiertos intentando trasladar ketamina desde la región de Tarapacá, sigue desplegando sus efectos más allá de la justicia militar. El comandante en jefe de la FACh, Hugo Rodríguez, afirmó el 8 de julio que el Presidente Gabriel Boric “no tiene injerencia de dar una indicación” en este proceso, pese a que el Mandatario instruyó la entrega de antecedentes al Ministerio Público.

Este episodio, que en primera instancia pareció un escándalo aislado, ha puesto en evidencia las tensiones entre la institucionalidad castrense, el poder civil y la opinión pública.

La versión oficial: una Fuerza Aérea que actúa con rigor

Según Rodríguez, la detección de la droga fue producto de controles internos rigurosos y sistemas de inteligencia propios de la FACh. La droga, confirmada como ketamina, fue detectada en una maleta en condiciones ilegales, lo que llevó a la inmediata comunicación con la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía de Aviación, encargada de la justicia militar.

“La Fuerza Aérea es una institución seria, y encuentra que estos exfuncionarios cometieron una traición a la patria. Esperamos que se haga justicia y que tengan el resultado que corresponde en caso del delito del transporte de droga”, señaló el comandante en jefe.

Este relato oficial busca despejar dudas sobre posibles encubrimientos o injerencias políticas, enfatizando la independencia de los tribunales militares y la cadena de mando. Sin embargo, el retraso en la remisión de antecedentes a la Fiscalía —señalado por Rodríguez como un intento de evitar errores— generó suspicacias.

Perspectivas políticas: entre la defensa institucional y la crítica hacia el Ejecutivo

Desde el oficialismo, sectores alineados con el Gobierno han defendido la transparencia del proceso y han respaldado la instrucción presidencial de entregar antecedentes al Ministerio Público, interpretándola como un acto de responsabilidad democrática. Sin embargo, parlamentarios opositores han cuestionado la gestión, insinuando que la demora y la falta de claridad reflejan una debilidad institucional y posibles omisiones.

“No podemos permitir que las Fuerzas Armadas estén involucradas en actividades ilícitas que afectan la seguridad del país y la confianza ciudadana”, declaró una diputada de oposición, reflejando el sentimiento de desconfianza que persiste en ciertos sectores.

Por otro lado, voces desde la sociedad civil y expertos en seguridad han advertido sobre la complejidad de mantener el control en instituciones con estructuras cerradas y jerárquicas, donde la autonomía puede convertirse en un obstáculo para la fiscalización efectiva.

Impacto regional y social: Tarapacá bajo la lupa

El hecho de que la droga fuera detectada en Tarapacá no es menor. Esta región, históricamente afectada por el tráfico y la delincuencia vinculada a su cercanía con fronteras internacionales, ve en este caso un reflejo de problemáticas más amplias.

Comunidades locales han expresado preocupación y exigido mayor presencia estatal y políticas públicas que enfrenten con eficacia el narcotráfico y sus ramificaciones dentro de las instituciones.

Verdad y consecuencias: un caso que trasciende lo judicial

La investigación judicial sigue su curso en los tribunales militares y civiles competentes. Sin embargo, más allá de las sanciones que puedan recaer sobre los involucrados, este caso deja lecciones claras:

- La independencia de las Fuerzas Armadas en sus procesos disciplinarios y judiciales es un pilar, pero no exime de una mayor transparencia y supervisión por parte del Estado civil.

- La figura presidencial, aunque desvinculada formalmente de la instrucción directa, se enfrenta a un desgaste político por la percepción pública de manejo y control de las instituciones.

- La sociedad chilena se ve confrontada con una realidad donde la seguridad y la ética institucional deben ser prioridad para evitar fracturas que comprometan la confianza en el Estado.

En definitiva, este episodio es un recordatorio de que la lucha contra el narcotráfico no sólo ocurre en las calles, sino también dentro de las instituciones que deberían proteger al país. El desafío para Chile será equilibrar la autonomía militar con mecanismos efectivos de control y rendición de cuentas, en un escenario donde la política, la justicia y la ciudadanía se encuentran en un complejo juego de poderes y expectativas.

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Fuentes: Declaraciones oficiales del comandante en jefe de la FACh, Hugo Rodríguez (julio 2025); análisis parlamentario y reportes de medios nacionales como BioBioChile.