Crisis de financiamiento en la ONU: Un llamado urgente a revisar su modelo económico

Desde mediados de 2025, la Organización de Naciones Unidas enfrenta una crisis de financiamiento sin precedentes que ha puesto en jaque su capacidad para cumplir con mandatos clave. La raíz del problema se encuentra en la morosidad y reducción de aportes de varios Estados miembros, en un contexto global marcado por incertidumbres económicas y reconfiguraciones geopolíticas.

Este fenómeno no es nuevo, pero en los últimos meses ha escalado hasta convertirse en un desafío estructural. La ONU, cuya financiación depende casi exclusivamente de las contribuciones estatales, ha visto cómo países tradicionalmente aportantes han cuestionado la relación costo-beneficio de sus inversiones, exigiendo una "revisión profunda y transparente de la eficacia y productividad de sus funcionarios y organismos", como expresó un diplomático europeo a la prensa internacional.

En este escenario, Chile observa con atención. Aunque no es uno de los mayores contribuyentes, su rol en foros multilaterales y su compromiso con la cooperación internacional lo sitúan en un lugar ambiguo: partidario de la ONU, pero crítico frente a las deficiencias detectadas. Desde la sociedad civil chilena, voces académicas y expertos en relaciones internacionales han señalado la necesidad de que el país promueva reformas internas en la ONU, enfatizando la transparencia y la rendición de cuentas.

El debate se ha polarizado en tres grandes bloques:

- Países contribuyentes mayores, como Estados Unidos y Alemania, que presionan por una reducción de costos y mayor eficiencia.
- Naciones en desarrollo y beneficiarias, que temen que los recortes afecten programas sociales, humanitarios y de desarrollo.
- Estados medianos, entre ellos Chile, que buscan un equilibrio entre sostenibilidad financiera y el mantenimiento de la relevancia política y moral de la ONU.

Desde el punto de vista histórico, esta crisis recuerda episodios anteriores en la historia de la organización, pero con una diferencia clave: la actual fragmentación política global y la emergencia de nuevos actores internacionales complican la posibilidad de un acuerdo rápido.

Analistas socioeconómicos advierten que la situación podría desencadenar un proceso de reestructuración que afecte no solo la financiación, sino también la estructura misma de la ONU, con posibles consecuencias para la gobernanza global y la cooperación multilateral.

En definitiva, esta crisis no es solo financiera, sino también política y simbólica. La ONU se enfrenta a un desafío existencial: demostrar su valor real en un mundo que cuestiona sus métodos y resultados.

Como concluye un informe reciente de expertos independientes, "la supervivencia de la ONU dependerá de su capacidad para reinventarse, adaptarse a nuevas realidades y recuperar la confianza de sus miembros y de la ciudadanía global".

Chile, en su calidad de actor responsable y reflexivo, tiene ante sí la oportunidad y el deber de impulsar ese cambio, participando activamente en las discusiones que definirán el futuro de la cooperación internacional.