La investigación sobre licencias médicas en el sector público: ¿Transparencia o conflicto de intereses?

Un pulso entre control estatal y derechos laborales se ha desplegado desde que, en julio de 2025, la Contraloría General de la República, bajo la dirección de la contralora Dorothy Pérez, comenzó una investigación para detectar posibles usos indebidos de licencias médicas en el sector público. La pesquisa apunta a detectar irregularidades que podrían afectar la probidad en el uso de recursos públicos.

Por un lado, la Contraloría sostiene que la fiscalización es indispensable para garantizar la correcta administración del Estado y evitar fraudes que, aunque minoritarios, erosionan la confianza ciudadana. "El Estado debe velar por la transparencia y el buen uso de los recursos, sin excepción", ha declarado Pérez en diversas oportunidades.

En contraparte, sectores sindicales y organizaciones de trabajadores han mostrado preocupación por un posible efecto inhibidor sobre el derecho a la salud y la confidencialidad médica. "Una fiscalización desmedida puede vulnerar la privacidad y generar desconfianza en los funcionarios", advierten desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

Un actor inesperado en esta escena es la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), que emitió un comunicado reafirmando su disposición a colaborar con la investigación, enfatizando que sus establecimientos operan bajo estrictos estándares de control, incluyendo sistemas de identificación para prevenir el acceso de menores y personas en programas de autoexclusión. Además, están sujetos a reportes obligatorios a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre operaciones sospechosas.

"La industria cumple con la ley y está plenamente disponible para contribuir a los esfuerzos que fortalezcan la probidad", afirmó Cecilia Valdés, presidenta ejecutiva de la ACCJ. Su participación añade una dimensión relevante: la intersección entre la fiscalización pública y el sector privado, en un contexto donde la transparencia y la protección de datos personales se tensionan.

A nivel político, la investigación ha generado divisiones. Algunos parlamentarios oficialistas apoyan la Contraloría y piden endurecer las normativas para evitar abusos, mientras que la oposición demanda garantías para que la investigación no se transforme en un mecanismo de persecución laboral.

En regiones, la recepción es dispar. En zonas donde la administración pública es una fuente importante de empleo, la preocupación por la estabilidad laboral pesa más, mientras que en capitales y centros urbanos el clamor por mayor transparencia y combate a la corrupción resuena con fuerza.

Lo que esta investigación desnuda es una tensión clásica entre dos valores fundamentales: la necesidad de un Estado eficiente y transparente, y la protección de derechos laborales y personales. Hasta la fecha, no se han presentado pruebas concluyentes de irregularidades masivas, pero la pesquisa sigue su curso.

En conclusión, la investigación sobre el uso de licencias médicas en el sector público ha abierto un debate más amplio sobre cómo equilibrar control y confianza, transparencia y privacidad. La colaboración del sector privado, como la ACCJ, introduce nuevas aristas sobre la fiscalización cruzada y la responsabilidad compartida. Para los ciudadanos, académicos y profesionales, esta historia invita a reflexionar sobre los límites y alcances de la supervisión estatal, y sobre cómo construir sistemas que no sacrifiquen derechos en nombre de la probidad, ni permitan impunidad bajo la bandera de la privacidad.

Este caso es un recordatorio de que la búsqueda de la verdad y la justicia es un proceso complejo, donde las certezas se construyen con tiempo, evidencia y pluralidad de voces.