El crimen organizado en Chile: una amenaza creciente con respuestas institucionales tensas
En los últimos meses, Chile ha visto cómo el crimen organizado ha escalado desde las sombras hasta ocupar un lugar prominente en la agenda pública y política. Los secuestros aumentaron un 28% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo período de 2024, según cifras oficiales entregadas por Héctor Barros, fiscal jefe del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH). Este fenómeno, que incluye desde secuestros extorsivos hasta vínculos con militares formalizados por tráfico de drogas, ha encendido las alarmas en distintos sectores del país.
Un fenómeno global con raíces locales
El crimen organizado no es un mal exclusivo de Chile; es una manifestación de problemas globales que se han arraigado en el territorio nacional. La migración, la globalización y la expansión del mundo digital han creado un caldo de cultivo para que las redes criminales se establezcan y, en algunos casos, se fortalezcan. “El avance tecnológico y la zona fronteriza facilitan el tránsito de drogas y la penetración de mercados ilegales”, explica Catalina Droppelmann, directora ejecutiva del Centro UC Justicia y Sociedad.
Sin embargo, Chile no ha sido un terreno fértil sin resistencia. “La institucionalidad es sólida y ha logrado desbaratar muchas bandas”, añade Droppelmann, destacando que, pese al aumento de delitos, el Estado mantiene el control sobre gran parte de la crisis.
Divergencias en la interpretación del fenómeno
Entre los expertos existe un debate crucial: ¿cuánto ha penetrado realmente el crimen organizado en las estructuras del Estado? Pablo Carvacho, académico de la UC, advierte que “podemos hablar de una tendencia que empeora, pero no de una realidad objetiva respecto de la penetración en el Estado”. Esta ambigüedad alimenta la incertidumbre y dificulta una respuesta política unificada.
Por otro lado, las recientes formalizaciones y destituciones dentro de las fuerzas armadas y el Ministerio Público han generado sospechas y desconfianza ciudadana, especialmente en sectores más vulnerables, que sienten en carne propia las consecuencias de esta violencia.
Impacto social y vulnerabilidad
Las poblaciones más afectadas son aquellas con menos recursos y oportunidades. “El crimen organizado aprovecha las vulnerabilidades para reclutar y victimizar a mujeres, niños y personas en situación de exclusión social”, señala Droppelmann. Este fenómeno profundiza las brechas sociales y alimenta un círculo vicioso donde la exclusión y la violencia se retroalimentan.
Respuestas y desafíos para el futuro
El consenso entre especialistas apunta a que la solución no pasa solo por la persecución penal, sino por una estrategia integral que combine prevención, inteligencia estatal y fortalecimiento de las redes sociales y educativas. “Es fundamental mantener a niños y jóvenes en espacios prosociales y desarrollar proyectos de vida alejados del delito”, enfatiza Carvacho.
Además, se requiere una mirada más profunda sobre los flujos de dinero y la estructura organizacional de estas redes criminales, para atacar no solo los delitos visibles sino también sus raíces económicas y jerárquicas.
Constataciones finales
Chile enfrenta una encrucijada donde el crimen organizado ha dejado de ser un problema lejano para convertirse en un desafío palpable y complejo. El aumento de secuestros y la vinculación de actores estatales con redes ilícitas evidencian una crisis multifacética. Sin embargo, la fortaleza institucional y la conciencia creciente sobre la necesidad de políticas integrales son luces en medio de esta tormenta.
El país está llamado a enfrentar esta tragedia social con una mezcla de rigor, inteligencia y compromiso, reconociendo que la seguridad y la justicia no solo se defienden con fuerza, sino también con equidad y oportunidades para quienes más lo necesitan.
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Fuentes: Pontificia Universidad Católica de Chile, declaraciones de Héctor Barros, Pablo Carvacho y Catalina Droppelmann; informes del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH).