Boric amplía investigación sobre derechos de la infancia en Chile: Un compromiso que trasciende gobiernos y desafía la impunidad

Un giro decisivo en la búsqueda de justicia para la infancia bajo custodia estatal se concretó en julio pasado cuando el Presidente Gabriel Boric anunció la ampliación del mandato de la Comisión Asesora Presidencial que investiga las violaciones a los derechos humanos en el Sename y Mejor Niñez. La extensión abarca ahora desde 1979 hasta 2024, un salto que incorpora hechos recientes bajo la actual institucionalidad, cuestionada por su incapacidad para proteger a niños, niñas y adolescentes.

Este paso no solo amplía el periodo histórico a revisar, sino que también prorroga el funcionamiento de la Comisión hasta abril de 2027, lo que implica que al menos un próximo gobierno deberá asegurar la continuidad política y presupuestaria del proceso. La presidenta de la Comisión, Soledad Larraín, ha advertido que convocar a miles de personas que vivieron en centros del Sename durante más de 40 años es un desafío ético y político para todo el Estado y la sociedad chilena.

El cambio más simbólico y, a la vez, contundente, fue la modificación en el nombre oficial del organismo, sustituyendo la palabra “vulneraciones” por “violaciones” a los derechos humanos. “No es solo semántica, sino un reconocimiento formal a la gravedad y sistematicidad de los abusos que marcaron a generaciones”, explica Larraín. Esta decisión responde a demandas de víctimas y sobrevivientes que buscan una reparación simbólica y justicia para quienes sufrieron abandono, violencia física, psicológica y sexual en instituciones estatales.

Desde la perspectiva política, esta ampliación ha generado reacciones encontradas. Mientras sectores progresistas valoran la medida como un avance necesario para la memoria y reparación, voces conservadoras expresan preocupación por el costo fiscal y la extensión del proceso, temiendo que se politice más allá del consenso básico sobre la protección infantil. En regiones donde la presencia del Sename y Mejor Niñez ha sido más acentuada, organizaciones sociales y agrupaciones de víctimas han manifestado esperanza, aunque también desconfianza frente a la capacidad del Estado para garantizar resultados concretos.

El proceso de recolección de testimonios, uno de los pilares fundamentales de la Comisión, comenzó el 1 de agosto de 2025. Las víctimas pueden declarar presencialmente, virtualmente o por escrito, con garantías de confidencialidad y acompañamiento psicosocial. Este esfuerzo busca reconstruir patrones de abuso, identificar responsables y proponer medidas de reparación y prevención que trasciendan la retórica.

Sin embargo, la extensión del mandato abre interrogantes sobre la sostenibilidad política y presupuestaria del proceso. La Comisión, que enfrentó demoras en su instalación por falta de recursos y profesionales especializados, ahora depende de la voluntad de futuros gobiernos para no quedar truncada. Además, la complejidad de investigar hechos que abarcan más de cuatro décadas desafía la capacidad institucional para ofrecer respuestas rápidas y efectivas.

En definitiva, la ampliación del mandato de la Comisión Asesora Presidencial sobre derechos de la infancia en Chile representa una apuesta por la justicia y la memoria que desafía la impunidad histórica. No obstante, también expone las tensiones entre la necesidad ética de reparar y la realidad política y administrativa que condiciona su alcance. Como espectadores de esta tragedia social, queda claro que el camino hacia la verdad y la reparación es largo, complejo y requiere compromiso sostenido más allá de ciclos electorales.

Fuentes consultadas incluyen declaraciones oficiales de la Comisión Asesora Presidencial, entrevistas con su presidenta Soledad Larraín, análisis de La Tercera y reportes de organizaciones de víctimas y derechos humanos.