Multa por no votar: un debate que desvela la identidad electoral chilena

La propuesta de sancionar con multas a quienes no voten, pero exclusivamente a ciudadanos chilenos, ha desatado un debate que va más allá de la simple aplicación de la ley electoral. Desde julio de 2025, diputados opositores han impulsado una iniciativa que busca excluir a los extranjeros no nacionalizados de esta obligación y castigo, una jugada que ha removido viejos temores y nuevas realidades en la escena política nacional.

Este proyecto, liderado por la diputada Joanna Pérez y coordinado por el presidente de la Cámara, José Miguel Castro (RN), pretende votar a la brevedad una reforma que aplica la multa solo a "ciudadanos", concepto que legalmente comprende a chilenos y extranjeros nacionalizados, pero excluye a los migrantes en situación de residencia temporal o definitiva sin nacionalización. La multa oscila entre $34 mil y $204 mil.

El origen de la controversia tiene raíces profundas. La Constitución chilena, desde la dictadura, reconoce el derecho a voto a extranjeros con más de cinco años de residencia, una medida que en su momento buscaba integrar a europeos asentados en el país, que preferían mantener su nacionalidad original. Sin embargo, la migración masiva de la última década y reformas como la inscripción automática y el retorno al voto obligatorio en 2022 han complicado este panorama.

"Muchos migrantes ni siquiera saben que están habilitados para votar, y ahora también están obligados a hacerlo, lo que genera incertidumbre y resistencia," explica la socióloga especializada en migraciones, Paula Fernández.

Desde la derecha, la preocupación gira en torno a un posible voto de castigo que podría favorecer a sectores opositores, especialmente por la inclinación electoral de inmigrantes venezolanos y otros grupos que han llegado en los últimos años. Diputados de Chile Vamos han manifestado que la sanción solo a ciudadanos busca evitar un cambio abrupto en la composición del electorado y preservar la estabilidad política.

En contraste, desde la izquierda y sectores progresistas, hay voces que advierten que esta medida puede ser una forma de exclusión y discriminación. "Se está jugando con los derechos políticos de comunidades migrantes que, aunque no nacionalizadas, están insertas en la sociedad chilena," señala el diputado Raúl Leiva (PS).

La ministra Macarena Lobos, encargada de la Secretaría General de la Presidencia, ha recibido a los actores clave, mostrando apertura pero también cautela. La expectativa está puesta en la reunión de comités que definirá el calendario y la forma en que se votará esta reforma, que ya cuenta con apoyo transversal en algunos sectores del oficialismo y la oposición.

Este debate no solo pone en jaque la aplicación del voto obligatorio, sino que cuestiona el concepto mismo de ciudadanía política en un Chile que ha cambiado demográfica y socialmente en la última década.

Las consecuencias visibles de este enfrentamiento son múltiples:

- Un sistema electoral que debe adaptarse a la realidad migratoria sin perder la legitimidad democrática.

- La tensión entre integración social y representación política efectiva.

- El riesgo de polarización y exclusión que puede profundizarse si no se logra un consenso informado y respetuoso.

En definitiva, esta disputa parlamentaria es un espejo donde se reflejan las tensiones de una sociedad que busca definirse a sí misma en medio de cambios profundos. El desafío es encontrar un equilibrio entre la inclusión y la responsabilidad electoral, sin sacrificar la cohesión social ni la justicia política.

Fuentes consultadas incluyen informes de La Tercera, declaraciones oficiales de diputados y análisis académicos sobre migración y derechos electorales.