Boric ordena a la FACh colaborar en investigación de narcotráfico: un choque entre transparencia y autonomía institucional

El escenario estaba listo para un enfrentamiento inevitable. El 8 de julio de 2025, el Presidente Gabriel Boric convocó a los máximos jefes de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) en La Moneda. La orden fue clara y sin ambigüedades: la Fuerza Aérea de Chile (FACh) debía entregar a la Fiscalía de Tarapacá todos los antecedentes relacionados con la investigación de narcotráfico que involucra a uniformados.

Este mandato presidencial no solo puso en jaque la tradicional autonomía con la que las instituciones militares han manejado sus asuntos internos, sino que también reveló un drama que venía incubándose desde meses atrás: la penetración de organizaciones criminales en las filas castrenses, especialmente en las zonas fronterizas.

Un conflicto de poderes y responsabilidades

Por un lado, el Gobierno, representado por Boric y sus ministros del Interior, Defensa y Seguridad, impulsó una estrategia de transparencia y colaboración judicial. “El Presidente ha instruido que la FACh entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, para que la Fiscalía disponga de la información adecuada,” afirmó el ministro Luis Cordero en la conferencia posterior a la reunión.

Por otro, la FACh había mostrado reticencia inicial, negando formalmente el acceso a ciertos documentos y generando suspicacias sobre la posible protección interna a los involucrados. Esta actitud alimentó la percepción pública de que las Fuerzas Armadas intentaban resguardar su autonomía a costa de la justicia, lo que agudizó la crisis institucional.

Voces contrapuestas: desde el oficialismo hasta la sociedad civil

La izquierda política y organizaciones de derechos humanos celebraron la medida como un avance en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico. “Es imprescindible que ninguna institución esté por encima de la ley,” señaló un dirigente de la oposición.

En contraste, sectores conservadores y algunos militares retirados advirtieron sobre los riesgos de una intromisión excesiva del poder civil en la estructura castrense, temiendo que esto pueda debilitar la operatividad y disciplina militar. “La autonomía institucional es clave para la defensa nacional,” argumentaron en columnas de opinión.

También hubo críticas desde regiones fronterizas, donde la presencia del narcotráfico es palpable y la colaboración entre las FF.AA. y las policías es vital. Algunos actores locales pidieron un enfoque pragmático que fortalezca la cooperación interinstitucional sin desestabilizar las fuerzas de seguridad.

Consecuencias visibles y aprendizajes

A más de cuatro meses desde la orden presidencial, la investigación ha avanzado con la entrega progresiva de documentos y la conformación de un plan conjunto entre el Estado Mayor Conjunto, la FACh, la Policía de Investigaciones y Carabineros, tal como solicitó Boric. Este plan apunta a combatir la infiltración de organizaciones criminales en la frontera, combinando esfuerzos judiciales y operativos.

Sin embargo, la crisis dejó en evidencia la fragilidad de la relación civil-militar en Chile, un delicado equilibrio que requiere reformas profundas y diálogo constante. La tensión entre la necesidad de transparencia y la preservación de la autonomía institucional sigue siendo un desafío pendiente.

Finalmente, esta historia no solo habla de un caso puntual de narcotráfico, sino que expone las grietas de un sistema que debe adaptarse para proteger la legalidad sin sacrificar la eficacia en la defensa nacional. En este coliseo, las fuerzas en pugna no son solo las armas contra el crimen, sino también la confianza entre Estado, instituciones y ciudadanía.

---

Fuentes: La Tercera (2025-07-08), declaraciones oficiales de La Moneda, análisis de expertos en seguridad y derecho militar.