
Un motín inesperado dentro del oficialismo ha sacudido la escena política chilena en las últimas semanas. El 8 de julio de 2025, 42 diputados que integran la coalición de gobierno presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra el proyecto de Autorizaciones Sectoriales, conocido popularmente como el proyecto de permisología. Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, buscaba agilizar los procesos para inversiones y reactivar la economía, pero terminó desatando una crisis interna que ha puesto en jaque la cohesión del bloque oficialista y ha tensionado la carrera presidencial.
Desde la oposición, especialmente desde la UDI, se ha señalado que esta fractura evidencia una falta de liderazgo de la candidata presidencial oficialista Jeannette Jara. '¿Es capaz ella de conducir a sus huestes, es capaz de liderar a estas personas, estos 42 parlamentarios que van en contra de su Gobierno? Aparentemente no', cuestionó Felipe Donoso, subjefe de bancada gremialista. Para el sector más duro de la derecha, la oposición interna es un síntoma claro de ingobernabilidad y debilita la capacidad del Ejecutivo para implementar reformas emblemáticas.
Los diputados firmantes provienen de una amplia gama política: socialistas, comunistas, frenteamplistas, PPD, independientes y miembros del Partido Acción Humanista, entre otros. Liderados por el socialista Daniel Melo, estos parlamentarios argumentan que el proyecto de permisología, en su forma actual, no solo no cumple con la promesa de simplificación, sino que podría generar más burocracia y riesgos para la transparencia en los procesos.
"Buscamos una normativa moderna y prudente, pero esta ley no la representa. Es necesario corregirla para que realmente impulse la inversión sin sacrificar controles esenciales", explica Melo. Desde otros sectores del oficialismo, sin embargo, se percibe la acción como un acto de rebeldía que pone en peligro la unidad y la gobernabilidad del bloque, justo cuando el país enfrenta desafíos económicos y sociales complejos.
La disputa no solo ha tensado el Congreso, sino que también ha tenido repercusiones directas en la carrera presidencial. Mientras Jeannette Jara enfrenta cuestionamientos por su capacidad de liderazgo, sus principales rivales, José Antonio Kast y Evelyn Matthei, han capitalizado esta división para consolidar sus posiciones en las encuestas.
Además, el conflicto ha generado preocupación en el mundo empresarial, que esperaba con ansias la aprobación de la ley para destrabar inversiones y proyectos que podrían dinamizar la economía. La incertidumbre legislativa y la percepción de desorden político han llevado a una pausa en decisiones de inversión clave.
Ciudadanos y expertos han manifestado una mezcla de sorpresa y desencanto ante la fractura en el oficialismo. "Es un reflejo de las tensiones internas que atraviesan las coaliciones en Chile, donde las diferencias ideológicas y estratégicas se expresan con fuerza en momentos clave", señala la politóloga Andrea Muñoz.
Desde una perspectiva histórica, este episodio recuerda otros momentos en que las coaliciones de gobierno han enfrentado desafíos similares, poniendo en evidencia la complejidad de gobernar en un sistema fragmentado y polarizado.
El recurso ante el Tribunal Constitucional por parte de 42 diputados oficialistas contra un proyecto clave del Ejecutivo no es un simple desacuerdo técnico, sino un síntoma de una crisis de liderazgo y cohesión que atraviesa al bloque gobernante. Las tensiones internas han impactado la estabilidad política, la percepción ciudadana y la agenda económica.
Las consecuencias visibles son múltiples: un Ejecutivo debilitado en su capacidad de impulsar reformas, una oposición que capitaliza la división y un escenario electoral que se recalienta con nuevas dudas sobre el futuro del país. La permisología, lejos de ser solo un proyecto de ley, se ha convertido en el escenario donde se juegan las tensiones profundas de la política chilena actual.