Dos meses después de la trágica noche del 10 de abril, el silencio en el Estadio Monumental durante los partidos internacionales es más elocuente que cualquier cántico. Es el recordatorio forzado de la muerte de Mylan Liempi (13) y Martina Riquelme (17), dos jóvenes hinchas cuyas vidas se extinguieron en el caos que precedió a un partido de Copa Libertadores. El estupor inicial ha dado paso a un complejo entramado de investigaciones, acusaciones políticas y gestos institucionales que, lejos de cerrar las heridas, han expuesto las profundas grietas en el sistema que debe garantizar la seguridad en los eventos masivos. La pregunta que resuena en las gradas desiertas no es solo qué pasó, sino qué hemos aprendido para que no vuelva a ocurrir.
La noche de la tragedia, la primera versión oficial hablaba de un lamentable accidente: una avalancha humana habría provocado la caída de una reja, aplastando a las víctimas. Sin embargo, esta narrativa comenzó a desmoronarse días después. Un informe de la Subdirección de Asuntos Internos de Carabineros, revelado por la prensa, contenía testimonios, incluyendo el de una funcionaria policial, que apuntaban a una causa radicalmente distinta: un atropello directo por parte de un vehículo lanzagases, conocido popularmente como "zorrillo".
Esta revelación no solo cambió el foco de la investigación, sino que instaló una crisis de confianza. El General Director de Carabineros, Marcelo Araya, adoptó una postura cauta, declarando que le correspondía a la Fiscalía "ponderar" las distintas versiones, confirmando que uno de los tres ocupantes del vehículo policial se encontraba en calidad de imputado. La investigación, ahora en manos del Ministerio Público, busca determinar la verdad judicial en medio de una maraña de responsabilidades compartidas.
La reacción institucional fue una cascada de consecuencias. El Gobierno, a través del Ministro de Seguridad, Luis Cordero, decretó el fin del plan Estadio Seguro, un programa con 14 años de historia cuyo fracaso se hizo innegable. El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, calificó el problema como "sistémico" y de "larga historia", un argumento que buscaba ampliar el marco de responsabilidades más allá de la gestión actual. Simultáneamente, la Conmebol emitió un duro informe preliminar, acusando una "notable falta de colaboración" y la "intención de ocultar información" por parte de las autoridades locales y del club, imponiendo una sanción provisional de jugar a puertas cerradas y enviando a un supervisor de alto rango para los siguientes encuentros.
El análisis de la tragedia ha generado un campo de batalla de interpretaciones, donde cada actor defiende su trinchera:
A más de 60 días de los hechos, el caso sigue abierto en múltiples frentes. La investigación penal de la Fiscalía es la pieza clave que determinará las responsabilidades individuales y la causa exacta de las muertes. En el plano político, el debate sobre el nuevo modelo que reemplazará a Estadio Seguro apenas comienza, sin un horizonte claro. Colo Colo sigue cumpliendo su sanción internacional, mientras la sombra de un castigo más severo por parte de la Conmebol aún es una posibilidad.
La muerte de Mylan y Martina no fue un simple accidente ni un hecho aislado. Fue la consecuencia fatal de una cadena de fallas acumuladas por años, donde la descoordinación, la falta de protocolos efectivos y una cultura de la violencia normalizada convergieron trágicamente. El silencio que hoy impera en el Monumental no es paz; es una pausa impuesta que obliga a Chile a mirarse al espejo y decidir si seguirá aplicando parches a una herida profunda o si, por fin, abordará la crisis de responsabilidad que enluta su deporte más popular.