Estancamiento del proyecto de sala cuna universal: ¿un avance social o una carga insostenible?

Un derecho en disputa: el proyecto de sala cuna universal se encuentra detenido en el Congreso después de meses de debate y análisis. Desde su presentación oficial en marzo de 2025, la iniciativa ha buscado modificar el artículo 203 del Código del Trabajo para otorgar acceso garantizado a sala cuna para toda persona con hijos menores de dos años, financiado principalmente por una cotización adicional a cargo del empleador y un aporte fiscal. Sin embargo, lo que parecía un avance social se ha transformado en un campo de batalla donde convergen preocupaciones económicas, políticas y sociales.

Tres debilidades que no se pueden ignorar

Expertos en economía y derecho laboral han identificado tres obstáculos fundamentales que explican el estancamiento. Primero, el aumento de costos laborales ya alcanza un 19% real en 2025, producto de reformas previas como el alza del salario mínimo y la reducción de jornada laboral. Para los empleadores, sumar una nueva cotización es una carga insostenible que podría afectar la formalización y el empleo, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

Segundo, el diseño actual del proyecto no cubre el costo total del servicio de sala cuna, estimado en $480.000 mensuales, lo que implica un copago empresarial que puede superar los $200.000 por trabajador. Este esquema resulta regresivo y penaliza a las empresas que más necesitan formalizarse, generando un efecto contrario al objetivo de inclusión social.

Tercero, la estimación de beneficiarios es demasiado restrictiva y subestima el gasto fiscal necesario para sostener el sistema, poniendo en duda su viabilidad financiera a largo plazo.

Voces en pugna: desde la defensa férrea hasta la crítica frontal

“El acceso a sala cuna es un motor para la participación laboral femenina y el crecimiento económico”, argumentan desde sectores progresistas y organizaciones de derechos laborales. En sus cálculos, un punto adicional de participación femenina podría aportar hasta un 0,5% al PIB y generar decenas de miles de empleos.

Sin embargo, desde el mundo empresarial y algunos sectores políticos de centroderecha, la mirada es distinta. “No podemos seguir aumentando los costos laborales sin afectar la creación de empleo formal, especialmente en un contexto económico ya tensionado”, advierten.

Esta tensión se refleja en el debate parlamentario, donde la oposición y oficialismo han presentado propuestas alternativas, como la reasignación de parte de la cotización del seguro de cesantía para financiar la sala cuna, focalizando el beneficio en el 40% o 60% más vulnerable. Esta opción busca equilibrar el derecho universal con la sostenibilidad económica, aunque genera resistencias por el copago que podrían asumir las familias de mayores ingresos.

Impacto regional y social: ¿quién gana y quién pierde?

En regiones con alta informalidad laboral y menor acceso a servicios, la falta de un sistema universal de sala cuna perpetúa desigualdades. Madres trabajadoras de zonas rurales y comunas periféricas ven frustrada su posibilidad de reincorporarse al mercado laboral.

Por otro lado, pequeñas empresas en sectores como comercio y servicios enfrentan un dilema: asumir costos adicionales o limitar la contratación femenina, lo que puede profundizar brechas de género en el empleo.

Conclusiones a la vista: un derecho con condiciones

La evidencia internacional es clara: el acceso a sala cuna impulsa la igualdad de género y el desarrollo económico. No obstante, la experiencia chilena revela que la implementación de esta política debe ser cuidadosamente diseñada para no generar efectos adversos en el empleo formal y la sostenibilidad fiscal.

El debate actual no es solo técnico, sino profundamente político y social. La disputa entre proteger derechos y mantener la competitividad económica refleja las tensiones estructurales del país.

En definitiva, el proyecto de sala cuna universal está en una encrucijada: avanzar con un diseño que integre sustentabilidad financiera y justicia social, o postergar un derecho que muchas familias esperan con urgencia. Mientras tanto, el Congreso se convierte en el escenario donde se juega esta batalla, con consecuencias que irán más allá de la legislación, afectando la vida cotidiana de miles de chilenas y chilenos.

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Fuentes: Diario Financiero (2025), análisis de Libertad y Desarrollo, informes del Banco Central, entrevistas a parlamentarios y expertos en derecho laboral.