Prisión preventiva para hombre acusado de matar a su hijo de tres meses: un drama que revela grietas en la protección infantil
Un caso que conmueve y desgarra: el 8 de noviembre pasado, un bebé de apenas tres meses fue trasladado con lesiones graves al Cesfam de Hualaihué, en la Región de Los Lagos. Presentaba fracturas costales de al menos un mes de antigüedad y lesiones recientes compatibles con el síndrome del niño sacudido, una forma de maltrato infantil que provoca daño cerebral severo. Dos días después, el lactante falleció por muerte cerebral en el Hospital de Puerto Montt.
El padre del niño fue formalizado y quedó en prisión preventiva por los delitos de lesiones en contexto intrafamiliar y parricidio consumado. La fiscal Nathalie Yonsson detalló que la violencia ocurrió mientras el padre estaba a cargo del bebé, y que las lesiones eran producto de un maltrato reiterado.
El drama humano se entrelaza con un sistema que parece llegar tarde. La acumulación de lesiones previas, no detectadas ni intervenidas oportunamente, plantea preguntas incómodas sobre la eficacia de las redes de protección infantil y la fiscalización en contextos rurales y aislados.
Desde distintas perspectivas, la historia se lee con matices. Por un lado, organizaciones defensoras de derechos infantiles denuncian que casos como este reflejan la precariedad de recursos y protocolos para proteger a los niños más vulnerables, especialmente en regiones alejadas. "Este no es un caso aislado, sino la punta del iceberg de una crisis silenciosa en la protección de la infancia", afirma una vocera de una ONG nacional.
Por otro lado, sectores que enfatizan la presunción de inocencia y la complejidad del contexto familiar advierten contra juicios rápidos y la criminalización sin matices. El abogado defensor del imputado ha señalado que el caso aún está en investigación y que existen elementos que podrían matizar la responsabilidad directa del padre.
En la comunidad local, el impacto es profundo y polarizador. Algunos vecinos expresan dolor y rabia, mientras que otros llaman a la reflexión sobre las condiciones sociales y económicas que rodean a las familias en zonas rurales, donde el acceso a apoyo y educación es limitado.
Verdades que se asientan tras el dolor: el caso evidencia la persistencia del maltrato infantil como un problema estructural, la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y la urgencia de un sistema judicial que combine rigor con sensibilidad social.
La prisión preventiva para el padre es una medida cautelar que busca asegurar la investigación, pero no resuelve el problema de fondo: la protección efectiva de la infancia y la intervención temprana en contextos de riesgo.
En definitiva, esta tragedia es un llamado a repensar cómo Chile cuida a sus niños más frágiles y a reconocer que, detrás de cada noticia, hay una historia que demanda comprensión profunda y respuestas integrales.