Estados Unidos termina protección TPS para migrantes de Honduras y Nicaragua: un cambio con múltiples caras

Estados Unidos termina protección TPS para migrantes de Honduras y Nicaragua: un cambio con múltiples caras
Internacional
América Latina
2025-11-22
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- Decisión definitiva del gobierno estadounidense para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) a miles de migrantes centroamericanos.

- Impacto social y político en Honduras, Nicaragua y en comunidades migrantes en EE.UU., con voces enfrentadas.

- Contexto histórico y regional que revela tensiones entre políticas migratorias, derechos humanos y realidades locales.

Una medida que pone fin a años de protección temporal para cerca de 76.000 hondureños y nicaragüenses residentes en Estados Unidos se concretó el pasado 6 de septiembre de 2025. El Departamento de Seguridad Nacional anunció la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS), una figura que desde 1999 había protegido a quienes huyeron de las devastaciones provocadas por el huracán Mitch y las crisis posteriores.

Este cambio no es un hecho aislado, sino parte de un patrón más amplio impulsado por la administración de Donald Trump, que ya había eliminado el TPS para cientos de miles de migrantes venezolanos, haitianos, afganos y cameruneses. "El Estatus de Protección Temporal fue diseñado para ser precisamente eso: temporal", afirmó Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional.

Sin embargo, la narrativa oficial sobre la recuperación económica y social de Honduras y Nicaragua, que justifica la eliminación del TPS, choca con realidades más complejas. Mientras el gobierno estadounidense destaca el crecimiento de sectores como el turismo y las energías renovables, organizaciones internacionales y expertos señalan que ambos países enfrentan graves problemas de inseguridad, represión política y condiciones limitadas para el ejercicio de derechos fundamentales.

En Honduras, el estado de emergencia vigente desde 2022 permite a las fuerzas policiales suspender derechos constitucionales en amplias zonas, una medida que ha generado preocupación sobre abusos y restricciones a la libertad. En Nicaragua, la administración de Daniel Ortega ha sido acusada por Naciones Unidas de reprimir disidencias y consolidar poderes tras reformas constitucionales recientes.

Desde Tegucigalpa, el viceministro de Relaciones Exteriores, Antonio García, reconoció la dificultad del momento pero subrayó que la decisión estadounidense no es exclusiva para su país. "Le ha pasado a todos los países y ahora a nosotros", comentó, en alusión a la eliminación del TPS para otras nacionalidades.

En las comunidades migrantes en Estados Unidos, la medida ha generado una mezcla de incertidumbre y movilización. Para muchos, el TPS representaba no solo un estatus legal, sino un salvavidas frente a la deportación y la precariedad. Activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que la eliminación del estatus expone a miles a la deportación a países donde las condiciones de seguridad y bienestar siguen siendo frágiles.

Un juez federal bloqueó recientemente el fin del TPS para haitianos, pero la Corte Suprema permitió la terminación para venezolanos, evidenciando la complejidad y fragmentación del debate judicial sobre migración.

Este episodio pone en evidencia un choque de perspectivas: mientras desde Washington se argumenta una recuperación suficiente para justificar la retirada de protecciones, desde América Central y las comunidades migrantes se advierte que las condiciones estructurales que motivaron el TPS permanecen, y el retiro de la protección temporal podría agravar vulnerabilidades.

Conclusiones que emergen tras meses de análisis:

- La eliminación del TPS para hondureños y nicaragüenses es parte de un giro migratorio estadounidense hacia políticas más restrictivas y selectivas, con impactos desiguales según nacionalidad y contexto.

- Las condiciones internas en Honduras y Nicaragua, lejos de ser homogéneas o estables, presentan desafíos profundos en materia de seguridad, derechos humanos y desarrollo, lo que cuestiona la narrativa oficial sobre su recuperación.

- La medida expone la tensión entre soberanía nacional, política migratoria y derechos humanos, y abre interrogantes sobre el futuro de miles de personas que han construido vidas en Estados Unidos bajo un estatus temporal.

- Finalmente, esta historia revela cómo las decisiones políticas en un país generan efectos en múltiples territorios y comunidades, invitando a reflexionar sobre la complejidad de los flujos migratorios y las responsabilidades compartidas.

Las voces enfrentadas y las consecuencias visibles configuran un escenario que seguirá evolucionando, donde las certezas son escasas y las preguntas abundan.