Corte Suprema destituye a directores del CAPJ por el 'Caso Lexus': un choque entre austeridad y privilegios judiciales
Un escándalo que destapó más que un gasto excesivo. El 7 de julio de 2025, la Corte Suprema decidió remover al director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), Ricardo Guzmán Sanza y Zvonimir Koporcic Alfaro, respectivamente, tras la polémica compra de 22 vehículos Lexus para uso de ministros y el fiscal de la Corte, que sumaron un gasto superior a los $1.200 millones. Esta decisión, que se tomó luego de meses de investigación sumaria, representa un golpe inédito en la administración judicial y abre un debate que va más allá del costo de los automóviles.
El origen de la crisis: En febrero de 2024, la revelación pública de la adquisición de estos autos de alta gama —cada uno valuado en más de $50 millones— generó una ola de críticas desde distintos sectores. 'Esta compra es contraria al carácter austero que debe regir en la judicatura', declaró la Asociación de Funcionarios Judiciales (OTJ), que además cuestionó la falta de transparencia y la desconexión con la realidad social del país. La presión pública y mediática obligó al Poder Judicial a retroceder y abrir una investigación formal, que terminó con la destitución de los máximos responsables administrativos.
Perspectivas enfrentadas:
- Desde la Corte Suprema, algunos ministros defendieron inicialmente la necesidad de renovar la flota para mejorar la seguridad y eficiencia del trabajo judicial, argumentando que los vehículos anteriores estaban obsoletos y que la inversión era justificable dentro del presupuesto institucional.
- Por otro lado, la oposición política y sectores sociales interpretaron la compra como un símbolo de elitismo y desconexión, especialmente en un contexto de creciente desigualdad y reclamos ciudadanos por mayor austeridad y transparencia en el gasto público.
- La Asociación de Funcionarios Judiciales se posicionó como voz crítica interna, denunciando que decisiones como esta afectan la moral y confianza dentro del sistema, y que la administración debe alinearse con principios éticos más estrictos.
Impacto regional y social: Aunque el caso se centró en la sede central del Poder Judicial, la resonancia fue nacional. 'Este episodio refleja una brecha profunda entre la élite judicial y la ciudadanía, que exige coherencia y ejemplaridad', señaló un académico experto en administración pública de la Universidad de Chile. En regiones, donde la percepción de abandono estatal es más aguda, la noticia fue interpretada como una confirmación de privilegios que alimentan la desconfianza hacia las instituciones.
Lecciones y consecuencias: La remoción de Guzmán y Koporcic no solo representa una sanción disciplinaria, sino un mensaje claro sobre la necesidad de revisar las prácticas administrativas y culturales dentro del Poder Judicial. La Corte Suprema, presidida en este proceso por la ministra Andrea Muñoz, enfatizó la pérdida de confianza como motivo central para la destitución. Sin embargo, la controversia también ha dejado al descubierto tensiones no resueltas sobre el equilibrio entre autonomía institucional y control ciudadano.
En definitiva, el 'Caso Lexus' se configura como un espejo donde se reflejan las contradicciones de un sistema que busca modernizarse y ser eficiente, pero que debe hacerlo sin perder legitimidad ni sensibilidad social. La historia concluye con una pregunta abierta: ¿será este episodio un punto de inflexión hacia una judicatura más transparente y cercana, o solo un incidente aislado en un ciclo de privilegios recurrentes?
Fuentes: Investigación interna del Poder Judicial, declaraciones de la Asociación de Funcionarios Judiciales, análisis de expertos en administración pública y cobertura de medios nacionales como BioBioChile.