Corte Suprema destituye a altos funcionarios por polémica compra de vehículos de lujo: Un golpe al corazón administrativo del Poder Judicial
Una crisis de confianza que tardó más de un año en resolverse. En febrero de 2024, la Corte Suprema aprobó la compra de 22 vehículos Lexus ES300h para sus ministros, con un costo que superaba los $1.253 millones. Este gasto, considerado desmesurado por la opinión pública y sectores políticos, detonó una controversia que trascendió el mero acto administrativo para instalar un debate sobre la gestión y transparencia en el Poder Judicial.
Tras la anulación de la compra y la apertura de un sumario interno, el pasado 7 de julio de 2025 la Corte Suprema confirmó la remoción de Ricardo Guzmán y Zvonimir Koporcic, director y subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), respectivamente. La decisión se basó en el artículo 513 del Código Orgánico de Tribunales, que permite la destitución por pérdida de confianza de funcionarios de exclusiva confianza.
La polémica no solo puso en jaque la administración del Poder Judicial, sino que también abrió un espacio para que distintos actores expresaran sus posturas. Desde la perspectiva política, sectores de oposición aprovecharon el caso para denunciar un mal manejo de recursos públicos y falta de fiscalización, mientras que voces gubernamentales llamaron a fortalecer los mecanismos internos para evitar futuros escándalos.
"Esta situación refleja una desconexión preocupante entre la gestión administrativa y las expectativas ciudadanas sobre el uso responsable de los recursos públicos", afirmó un analista en derecho administrativo consultado para este informe.
En el ámbito regional, el impacto fue variable. Mientras en Santiago la noticia generó un debate intenso en medios y redes sociales, en regiones la repercusión se mezcló con críticas hacia la centralización y la percepción de privilegios en la elite judicial.
Desde la sociedad civil, organizaciones dedicadas a la transparencia y control del gasto público valoraron la destitución como un paso necesario, pero advirtieron que el caso debe ser un punto de partida para reformas estructurales. "No basta con sancionar a individuos; se requiere un cambio profundo en la cultura institucional", señalaron representantes de Transparencia Chile.
El Poder Judicial, por su parte, enfrenta ahora el desafío de recuperar su legitimidad y confianza. La ministra Andrea Muñoz, presidenta del pleno que tomó la decisión, enfatizó la necesidad de fortalecer la gestión administrativa y garantizar que actos como este no se repitan.
Este episodio ha dejado en evidencia la fragilidad de los sistemas de control interno y la presión pública sobre instituciones tradicionalmente cerradas y poco transparentes. La lección es clara: la administración pública, incluso en sus esferas más altas, no está exenta del escrutinio ciudadano ni de la exigencia de responsabilidad.
En definitiva, la destitución de Guzmán y Koporcic es más que una sanción disciplinaria: es una llamada de atención que invita a repensar cómo se gestionan los recursos en el Poder Judicial y cómo se comunica esa gestión a la ciudadanía. La historia, con sus claroscuros y tensiones, nos muestra que la confianza institucional no es un patrimonio dado, sino una conquista frágil que debe cuidarse día a día.