Condenan a 14 años a general (R) por crimen de lesa humanidad en 1974: El peso de la memoria en la justicia chilena
En un fallo que retumba en las paredes del tiempo, la Corte de Apelaciones de Temuco confirmó la condena a 14 años de prisión efectiva contra Ludovico Eduardo Aldunate Herman, general (R) del Ejército, por el homicidio calificado de Samuel Alfonso Catalán Lincoleo, trabajador de la Corporación de Reforma Agraria (CORA), ocurrido en septiembre de 1974 en Lautaro.
Este caso, que ha atravesado décadas de impunidad y silencios, vuelve a poner en el centro del debate la compleja relación de Chile con su pasado dictatorial. Aldunate, quien alcanzó el rango de general bajo el régimen de Augusto Pinochet y fue vicecomandante de la Fuerza Multilateral de Naciones Unidas en Haití hasta 2005, fue declarado autor directo del crimen, cometido en el contexto de una represión sistemática contra opositores y comunidades mapuche.
El fallo describe cómo Aldunate, con fusil en mano, ejecutó al detenido mapuche Samuel Catalán Lincoleo, quien estaba esposado y arrodillado, en un bosque cercano a Lautaro. Además, se confirmaron penas para otros involucrados, como el exdetective de la PDI Jorge Barriga Soto y el subteniente Sergio Alcayaga Barraza, aunque sus condenas fueron sustituidas por libertad vigilada intensiva.
Desde el mundo político, las reacciones no se hicieron esperar. Sectores de izquierda y organizaciones de derechos humanos celebraron la sentencia como un paso necesario hacia la justicia y reparación, aunque reconocen que el camino aún es largo. “Este fallo es una señal clara de que la impunidad no tiene cabida, pero también una invitación a no olvidar que la violencia de Estado aún marca a nuestras comunidades”, señaló una portavoz de la Coordinadora de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos.
En contraste, voces conservadoras y militares retirados critican la condena, argumentando que se trata de un juicio con sesgos políticos y que la sentencia reabre heridas que algunos prefieren mantener cerradas. “Hay que mirar hacia adelante y no seguir reviviendo conflictos que dividen a la sociedad”, afirmó un exoficial en reserva, pidiendo respeto para las instituciones castrenses.
En el ámbito regional, la comunidad mapuche y organizaciones indígenas han valorado la condena como un reconocimiento tardío pero fundamental a la violencia sufrida durante la dictadura, y como un llamado a avanzar en el respeto a sus derechos y territorios.
Este caso también reaviva el debate sobre las reparaciones civiles, ya que el tribunal confirmó una indemnización de $240 millones a los familiares de las víctimas, una cifra que algunos consideran insuficiente frente al daño moral y social causado.
Este episodio judicial es parte de una serie creciente de procesos que buscan desentrañar y sancionar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar, reflejando una sociedad que, aunque dividida, apuesta por enfrentar su historia.
La sentencia a Aldunate no solo es un acto de justicia para una víctima y su familia, sino un espejo para Chile, que se enfrenta a la tragedia de su pasado con la urgencia de transformar la memoria en aprendizaje y reconciliación. En el teatro de la historia, cada actor carga con su verdad, y el público —la sociedad chilena— observa con una mezcla de dolor, esperanza y la necesidad de entender para no repetir.