
Una ola de calor sin precedentes sacudió el centro sur de Chile entre el 22 y 25 de noviembre, poniendo en jaque tanto a las autoridades como a las comunidades locales. El Presidente Gabriel Boric, el 22 de noviembre, advirtió sobre "olas muy duras" de temperaturas que podrían alcanzar casi los 40 grados en las regiones de O'Higgins, Maule y Ñuble, e hizo un llamado explícito a tomar "todas las medidas de precaución para evitar incendios".
El escenario climático activó una serie de respuestas estatales y ciudadanas, con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitiendo avisos para seis regiones, desde la Metropolitana hasta La Araucanía. Sin embargo, a días de ocurrido el evento, el balance muestra una compleja trama de desafíos, contradicciones y aprendizajes.
Desde la perspectiva gubernamental, el llamado presidencial fue un intento claro de anticipar un desastre ambiental que, en años anteriores, ha dejado secuelas devastadoras. "Tomamos medidas coordinadas con bomberos y ONEMI para reforzar la vigilancia y respuesta rápida", señaló un vocero del Ministerio del Interior. Sin embargo, la realidad en terreno fue diversa: mientras algunas comunas lograron contener focos menores, otras enfrentaron incendios que consumieron hectáreas valiosas de bosque nativo y campos agrícolas.
Para los líderes regionales, la ola de calor evidenció las brechas en infraestructura y recursos. "No basta con alertar, necesitamos inversión real en prevención y capacitación local", afirmó un alcalde de Ñuble, remarcando la persistente falta de apoyo a las brigadas comunitarias.
Entre los habitantes afectados, la experiencia fue un torbellino de ansiedad y acción. Algunos valoraron el mensaje presidencial como un llamado a la responsabilidad colectiva, mientras que otros expresaron frustración por la falta de información clara y apoyo efectivo. Organizaciones ambientalistas aprovecharon la coyuntura para denunciar la insuficiente política climática del Estado y la urgente necesidad de abordar las causas estructurales del calentamiento global.
"Estas olas de calor son la nueva normalidad y Chile no está preparado para enfrentar sus consecuencias", declaró la coordinadora de una ONG ambiental.
Este episodio se inscribe en una tendencia de aumento de eventos climáticos extremos en Chile, vinculados al cambio climático y la degradación ambiental. El calor intenso y prolongado no solo incrementa el riesgo de incendios, sino que también afecta la salud pública, la agricultura y la economía regional.
Hasta el 23 de noviembre, se reportaron más de 30 incendios forestales menores, con daños concentrados en zonas agrícolas y boscosas del Maule y Ñuble. Aunque no se alcanzaron las catástrofes de años anteriores, el evento dejó en evidencia la fragilidad del sistema de prevención y la urgencia de fortalecerlo.
El llamado presidencial y las alertas meteorológicas funcionaron como un mecanismo preventivo que, en parte, logró mitigar un escenario potencialmente catastrófico. Sin embargo, la experiencia mostró que la prevención no puede limitarse a exhortaciones públicas, sino que requiere una política integral, inversión sostenida y participación activa de las comunidades.
Las divergencias entre autoridades centrales, regionales y sociedad civil revelan un desafío mayor: cómo construir un modelo de gestión ambiental y social que sea resiliente frente a la creciente amenaza climática.
En definitiva, la ola de calor de noviembre 2025 fue más que un episodio meteorológico: fue un espejo que refleja las tensiones y debilidades de Chile ante un futuro donde el calor extremo será cada vez más frecuente. La pregunta que queda es si las lecciones aprendidas serán suficientes para evitar que la próxima ola se convierta en tragedia.
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Fuentes: Cooperativa.cl, Ministerio del Interior, ONEMI, Direcciones Regionales, Organizaciones ambientales independientes.
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