La Moneda defiende a Boric ante críticas de la UDI: Prescindencia política en debate público

Un choque entre interpretación y práctica política ha marcado el debate público en Chile durante los últimos meses. El 7 de julio de 2025, la UDI presentó ante la Contraloría una solicitud para que el organismo se pronuncie sobre posibles vulneraciones al principio de prescindencia por parte del Presidente Gabriel Boric. La acusación se centró en la reunión que Boric sostuvo con Jeannette Jara, candidata oficialista del Partido Comunista, y en sus declaraciones de apoyo público en el marco de la campaña presidencial.

Desde el gobierno, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, respondió que el Ejecutivo conoce y respeta las reglas de prescindencia, pero aclaró que estas no implican la ausencia de opiniones políticas. En sus palabras: 'Prescindencia significa no incidir en las elecciones que están en curso, pero evidentemente el gobierno y las distintas autoridades de gobierno pertenecemos a un sector político con el que hemos trabajado en formato de coalición durante todos estos años.'

Este episodio expone un debate profundo sobre el rol del Presidente en el período electoral. La UDI sostiene que la prescindencia debe traducirse en un distanciamiento absoluto de cualquier acto que pueda interpretarse como apoyo político a candidaturas, buscando preservar la imparcialidad del Ejecutivo. En contraste, el oficialismo defiende una interpretación más flexible, donde la función política del Presidente no se suspende, sino que se ejerce con respeto a los límites legales.

Desde una perspectiva regional, la controversia ha tenido repercusiones distintas. En zonas con fuerte presencia de la coalición gobernante, la defensa a Boric ha sido más enérgica, mientras que en regiones tradicionalmente opositoras, la crítica a lo que consideran una falta de neutralidad ha calado más hondo. Esta división refleja no solo diferencias políticas, sino también tensiones históricas sobre el equilibrio de poderes y la transparencia en la gestión pública.

En el ámbito social, organizaciones ciudadanas y expertos en derecho constitucional han aportado visiones que enriquecen el debate. Algunos analistas advierten que la ambigüedad en la definición de prescindencia puede generar incertidumbre jurídica y abrir la puerta a interpretaciones partidistas que erosionen la confianza en las instituciones. Otros, en cambio, destacan que la política es inherente a todo ejercicio de gobierno y que una prescindencia estricta podría paralizar la acción presidencial en momentos clave.

Tras semanas de análisis y discusiones, la Contraloría emitió un informe que no encontró infracciones formales por parte del Presidente Boric, pero recomendó clarificar los protocolos para futuras campañas. Esta resolución ha sido recibida con satisfacción por el gobierno, que la interpreta como un respaldo a su posición, mientras que la oposición la considera un llamado a legislar con mayor precisión.

En definitiva, este episodio revela las tensiones entre la teoría y la práctica en la política chilena, donde la prescindencia presidencial se enfrenta a las realidades de un sistema multipartidista y una sociedad polarizada. La controversia ha dejado lecciones claras: la necesidad de reglas más explícitas, la importancia de la transparencia y el valor de un debate público informado y plural.

El desafío para Chile está en encontrar un equilibrio que permita a sus líderes ejercer su rol político sin sacrificar la confianza ciudadana ni la integridad institucional. Mientras tanto, el país observa cómo la campaña presidencial se despliega en un escenario donde cada gesto es escrutado y cada palabra pesa en la balanza del poder y la legitimidad.