
El escenario político chileno de 2025 ha colocado a la migración en el centro del debate presidencial, marcando un antes y un después en la forma en que el país enfrenta este fenómeno. Desde comienzos de noviembre, los programas de todos los candidatos han incluido propuestas que, aunque variadas, coinciden en la necesidad de controlar flujos, empadronar y gestionar fronteras. Sin embargo, esta atención no ha logrado superar una visión predominantemente securitaria, que reduce la migración a un problema de orden público, dejando en segundo plano su dimensión social y económica.
“La migración sigue siendo tratada principalmente como un problema de seguridad y no como un desafío de desarrollo, gobernanza e integración social”, señala el análisis de diez centros de estudios que, convocados por el Centro de Políticas Migratorias, presentaron a fines de octubre un conjunto de 36 medidas consensuadas para una política migratoria integral.
Desde la derecha política, la preocupación por el control fronterizo y la expulsión ha sido el eje dominante, enfatizando la necesidad de fortalecer las capacidades estatales para enfrentar redes criminales y garantizar la seguridad ciudadana. En contraste, sectores progresistas y organizaciones sociales han insistido en que la migración debe abordarse desde una perspectiva de derechos humanos, integración y desarrollo, señalando que las políticas basadas solo en la restricción generan exclusión y conflictos sociales.
En regiones como el norte, donde la llegada de migrantes ha sido más visible, las tensiones culturales y sociales se han manifestado en barrios, colegios y lugares de trabajo. Los programas de mediación y convivencia aún son escasos, y la falta de una política clara de integración ha dejado a muchas comunidades en un estado de incertidumbre y conflicto latente. Por otro lado, la inserción económica de migrantes en sectores con déficit de mano de obra, como la agricultura y la construcción, ha sido un punto menos discutido, pero de creciente importancia para la economía regional y nacional.
Una de las conclusiones más claras de los expertos es que Chile requiere una institucionalidad moderna, transparente y eficiente que no solo fortalezca el control, sino que también promueva la integración sostenible. Esto implica no solo un Servicio Nacional de Migraciones robusto, sino también una red consular activa y coordinada con planes regionales de desarrollo que reconozcan el aporte económico y social de la migración.
“Una política migratoria realista, responsable y estratégica no puede hablar de orden sin hablar de integración, de expulsión sin hablar de justicia, o de tecnología sin hablar de desarrollo”, resume Juan Pablo Ramaciotti, director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias.
Tras semanas de debate y análisis, la evidencia apunta a que mantener un enfoque reactivo, basado en el miedo y el control absoluto, condena a Chile a una política migratoria fragmentada y poco efectiva. Las propuestas presentadas, aunque valiosas, aún no logran traducirse en consensos políticos ni en acciones concretas a nivel legislativo y ejecutivo.
La migración en Chile es un espejo que refleja la idea que el país tiene sobre convivencia, Estado y futuro. La tensión entre seguridad y derechos, entre control y desarrollo, no se resolverá con medidas aisladas ni con discursos simplistas. La verdadera apuesta está en construir una política integral que reconozca la complejidad del fenómeno y que, sobre todo, sea capaz de mirar más allá del ciclo electoral para proyectar una convivencia sostenible y justa.
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Fuentes consultadas incluyen el Centro de Políticas Migratorias, análisis de diez centros de estudios de diversas orientaciones políticas, y reportajes de medios como EL PAÍS Chile, que han seguido la evolución de este debate en las semanas previas a las elecciones presidenciales de 2025.
2025-11-04