Uso indebido de fondos en salud primaria en Calama: ¿negligencia institucional o práctica común? : Un escándalo que revela grietas en la gestión pública local

Calama, ciudad del norte chileno, se ha convertido en el epicentro de un escándalo que pone en jaque la gestión pública local y la transparencia en el uso de recursos destinados a la salud primaria. La Contraloría General de la República (CGR) reveló, el pasado 10 de octubre, que más de $160 millones de pesos fueron desviados para financiar celebraciones y gastos no relacionados con la atención sanitaria directa.

Este hallazgo no solo desnuda una falla administrativa, sino que abre un debate sobre la supervisión y el control de las corporaciones municipales, en un contexto donde la salud pública en regiones remotas como Antofagasta enfrenta desafíos estructurales profundos.

La cronología de un desvío

Desde enero de 2021 hasta diciembre de 2023, la Corporación Municipal de Desarrollo Social (COMDES) de Calama ejecutó gastos cuestionados. Según el Informe Final de Examen de Cuentas N°273 de 2025, se detectaron $134.384.530 provenientes del aporte per cápita del Ministerio de Salud, utilizados en actividades como almuerzos, celebraciones del Día del Trabajador y Fiestas Patrias. Además, otros $28.203.000 se destinaron a una “Cena celebración Aniversario Atención Primaria de Salud 2022”, una actividad que no se ajusta a los fines legales de estos fondos.

La Contraloría ya había objetado estos gastos, y aunque los recursos fueron reintegrados, la indagación reveló que provenían de una cuenta con destino diferente, lo que agrava la falta de control.

Voces enfrentadas: entre la defensa institucional y la crítica ciudadana

Desde la COMDES Calama, se argumenta que las actividades financiadas buscaban fortalecer el equipo de salud y fomentar la motivación del personal, un aspecto vital en zonas con escasos recursos humanos. 'Estas instancias son necesarias para mantener la moral y el compromiso de nuestros trabajadores', explican fuentes internas.

Sin embargo, organizaciones sociales y expertos en administración pública denuncian que tales justificaciones no pueden tapar la irregularidad en el manejo de fondos públicos. 'Estamos ante un claro ejemplo de negligencia y falta de transparencia, que afecta directamente a la calidad de la atención que merece la comunidad', señala un representante de una ONG regional.

El Servicio de Salud Antofagasta, responsable de la supervisión, también enfrenta cuestionamientos. La CGR constató que no existía un control efectivo sobre la gestión financiera de la COMDES, situación que ya había sido advertida en auditorías anteriores. En respuesta, el Servicio anunció la apertura de un sumario administrativo para esclarecer responsabilidades.

Contexto y consecuencias visibles

Este caso no es aislado. En el contexto chileno, la descentralización y la delegación de funciones a corporaciones municipales han generado múltiples desafíos en la gestión de recursos públicos. La falta de supervisión efectiva, la opacidad en el uso de fondos y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas han sido recurrentes en distintas regiones.

La Contraloría ordenó el reparo de los $162.587.530 desviados y remitió los antecedentes al Ministerio Público para que investigue eventuales responsabilidades penales. Esta medida abre la puerta a procesos judiciales que podrían sentar precedentes en la lucha contra la corrupción local.

Para la comunidad de Calama, las consecuencias son palpables: la desconfianza en las instituciones y la percepción de que los recursos que debieran fortalecer la salud primaria se diluyen en prácticas cuestionables. La afectación directa es a la calidad y disponibilidad de servicios básicos, en un territorio donde la demanda sanitaria es alta y los recursos limitados.

Constataciones finales

Este episodio pone en evidencia una verdad incómoda: la gestión pública local, especialmente en regiones periféricas, sigue siendo vulnerable a prácticas que diluyen el propósito original de los fondos públicos. La pluralidad de voces, desde defensores institucionales hasta críticos sociales, refleja la complejidad del problema, donde la línea entre negligencia y corrupción puede ser difusa, pero cuyos efectos impactan a la ciudadanía.

La investigación en curso y las medidas adoptadas por la Contraloría y el Ministerio Público serán claves para determinar responsabilidades y, eventualmente, para instaurar mecanismos que eviten la repetición de estos hechos. Mientras tanto, la comunidad observa, expectante, cómo se desarrolla este coliseo de la administración pública, donde la transparencia y la justicia son las verdaderas apuestas en juego.