Uber y la Ley Uber en Chile: un choque entre innovación, regulación y derechos laborales

Un pulso entre un gigante tecnológico y el Estado chileno

En abril de 2025, Uber envió una carta al embajador chileno en Estados Unidos denunciando "peligros" en la nueva Ley N° 21.553, conocida como la "Ley Uber". Esta normativa, que regula a las Empresas de Aplicaciones de Transporte (EAT) como Uber, DiDi y Cabify, fue aprobada en 2023 y su reglamento fue ratificado por la Contraloría en abril de 2025, entrando en vigencia 30 días después de su publicación en el Diario Oficial.

La ley establece requisitos estrictos para conductores y vehículos: licencia profesional clase A2, registro en plataforma regional, seguros obligatorios, límites de antigüedad y cilindrada de vehículos, y la entrega de datos personales sensibles a las autoridades.

Andrew Byrne, vicepresidente de Políticas Públicas Globales de Uber, expresó en la carta que la normativa pone en riesgo la privacidad de usuarios y conductores, por la recopilación y transmisión de datos "altamente sensibles" sin garantías claras.

Diferentes miradas en el escenario nacional

- Desde el gobierno, el ministro de Transportes Juan Carlos Muñoz defiende la ley como un avance para la seguridad, transparencia y formalización del sector.

- Por otro lado, un estudio de la Universidad Diego Portales advierte que hasta un 88,9% de los conductores actuales podrían quedar excluidos del sistema debido a los nuevos requisitos, afectando a cerca de 36 mil personas.

- Conductores y plataformas critican el impacto económico y la posible pérdida de fuentes de trabajo, además de cuestionar la viabilidad práctica de cumplir con todas las exigencias.

Contexto y evolución de Uber en Chile

Desde su llegada en 2014, Uber ha operado en un limbo regulatorio, enfrentando resistencia de taxistas tradicionales y falta de un marco legal claro. La Ley Uber representa el primer intento estatal por regular y formalizar este sector, con énfasis en la seguridad y la protección de usuarios.

En paralelo, Uber ha impulsado iniciativas globales para integrar tecnologías como inteligencia artificial y vehículos autónomos, buscando diversificar ingresos y reducir costos, pero el modelo enfrenta tensiones con regulaciones locales y preocupaciones sociales.

Consecuencias y desafíos futuros

- La implementación de la ley ha generado un choque frontal entre la empresa y el Estado, evidenciando la dificultad de equilibrar innovación tecnológica, protección de derechos laborales y regulación estatal.

- La carta de Uber al embajador en EE.UU. sugiere una estrategia para internacionalizar el conflicto, apelando a la relación bilateral y posibles instancias internacionales.

- La exigencia de licencia profesional A2 y los límites en antigüedad y características de vehículos podrían transformar radicalmente la oferta actual, con un impacto directo en miles de conductores.

Reflexión final

Este episodio representa un punto de inflexión en la historia de la economía digital y el trabajo en Chile. La tensión entre una multinacional tecnológica que busca maximizar su modelo de negocio y un Estado que intenta regular para proteger derechos y seguridad, pone en evidencia la complejidad de las transiciones laborales y sociales en la era digital.

El desafío para las autoridades será encontrar un equilibrio que permita la innovación y competitividad, sin sacrificar la inclusión social ni la privacidad de los ciudadanos. Para Uber, la adaptación a marcos regulatorios más estrictos será clave para mantener su presencia y legitimidad en mercados como el chileno.

La historia está aún en desarrollo, pero ya se vislumbran las consecuencias: un mercado de transporte digital más formalizado, pero con menos flexibilidad para los conductores, y un debate sobre cómo regular las plataformas que transforman nuestras ciudades y modos de vida.

Fuentes: El País, Cooperativa.cl, La Tercera, Cambio21, BioBioChile, Diario Financiero.