
El pulso por el control del litio chileno ha alcanzado un nuevo capítulo de tensión y desencuentros que, lejos de resolverse con rapidez, ha ido ganando en complejidad y profundidad desde mediados de 2025. El acuerdo entre Codelco y SQM para la explotación del litio, firmado en 2024, ha sido objeto de una investigación parlamentaria y un fallo judicial que ha abierto una grieta entre los actores involucrados y la opinión pública.
En julio de 2025, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados entregó un informe a la Contraloría General de la República denunciando irregularidades en el acuerdo. El diputado Cristián Tapia (Ind-PPD), presidente de la instancia, denunció 'falta de transparencia en las negociaciones, ausencia de licitación pública y financiamiento ilegal de la política vinculado a SQM.' La comisión planteó la necesidad de anular el convenio y abrir un proceso competitivo que garantizara la gestión justa y beneficiosa del recurso para Chile.
En noviembre, la minera china Tianqi, con un 22% de participación en SQM, se lanzó con dureza contra el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que validó el acuerdo Codelco-SQM. La empresa calificó la decisión como 'excesivamente formalista y alejada de la esencia económica de la transacción.' Tianqi sostuvo que el acuerdo implica que SQM pierde el control efectivo de su negocio del litio sin que los accionistas minoritarios hayan podido votar en junta, lo que vulnera sus derechos.
Además, advirtió que esta interpretación judicial 'sienta un precedente perjudicial para los mercados de capitales en Chile y erosiona la confianza de los inversionistas extranjeros.' La disputa judicial y política ha puesto en evidencia tensiones profundas entre actores nacionales y extranjeros, y entre mayoritarios y minoritarios.
- Desde el oficialismo y sectores pro-mercado, se argumenta que la alianza entre Codelco y SQM es una oportunidad estratégica para fortalecer el control estatal sobre un recurso clave en la transición energética. Consideran que la validación judicial da certeza y estabilidad jurídica para inversiones futuras.
- La oposición y movimientos sociales insisten en que el proceso careció de transparencia y participación ciudadana, y que la ausencia de licitación abre la puerta a decisiones opacas y posibles favores políticos. Reclaman que el beneficio económico para el país es incierto y que se debe proteger a los accionistas minoritarios.
- Inversionistas internacionales y expertos en gobernanza corporativa muestran preocupación por la señal que envía el fallo judicial, que podría desalentar futuras inversiones en sectores estratégicos y minar la confianza en la institucionalidad chilena.
Este episodio revela las complejidades de administrar recursos estratégicos en un contexto de alta presión política, económica y social. La falta de mecanismos claros para la participación de accionistas minoritarios y la ausencia de procesos competitivos robustos generan conflictos que trascienden lo jurídico y afectan la percepción de Chile en el mercado global.
Al mismo tiempo, la disputa pone en jaque la capacidad del Estado para equilibrar intereses diversos sin sacrificar transparencia ni eficiencia. La tensión entre control estatal y apertura al mercado, entre mayorías y minorías, se convierte en un espejo de los desafíos que enfrenta el país en su desarrollo sostenible.
En definitiva, la historia del acuerdo Codelco-SQM no es solo un conflicto corporativo, sino un reflejo de las luchas por el poder, la justicia y el futuro en torno a uno de los recursos más codiciados del siglo XXI. La resolución de este pulso será un test crucial para la madurez institucional chilena y su posicionamiento en la economía global del litio.