Gratuidad en transporte durante elecciones 2025: un esfuerzo que reveló brechas y desafíos

El domingo 16 de noviembre de 2025 marcó un hito en la historia electoral chilena. El Metro de Santiago y los trenes urbanos de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) operaron con gratuidad durante toda la jornada electoral, una medida inédita que buscó facilitar el acceso al voto en un país con una geografía compleja y desigual. La iniciativa se extendió también a buses urbanos en ciudades como Valparaíso, Concepción y Temuco, y a más de 2.600 servicios gratuitos en zonas rurales y aisladas, incluyendo recorridos terrestres, marítimos y lacustres.

En regiones remotas como la isla Alejandro Selkirk en Juan Fernández, se organizaron servicios especiales para transportar a los votantes un día antes de la elección, reflejando un esfuerzo coordinado entre el Gobierno, SERVEL y las empresas de transporte para garantizar la participación ciudadana.

Sin embargo, este despliegue no estuvo exento de tensiones y críticas. Desde el mundo político, las opiniones se dividieron. Por un lado, sectores oficialistas valoraron la medida como un avance en la democratización del voto, especialmente para comunidades históricamente marginadas del sistema electoral. Por otro, voces opositoras señalaron que la gratuidad, si bien loable, no aborda problemas estructurales como la baja participación electoral y las barreras socioeconómicas que persisten más allá del día de la votación.

Desde el punto de vista social, la medida fue celebrada por organizaciones comunitarias y ONGs que trabajan en zonas rurales y aisladas. “Este acceso gratuito fue fundamental para que personas en lugares remotos pudieran ejercer su derecho sin importar la distancia ni el costo,” afirmó una vocera de una agrupación de la región de Los Lagos. No obstante, algunas comunidades reportaron dificultades logísticas, como la insuficiente frecuencia de los servicios o la falta de información clara sobre los horarios y rutas.

En la capital, el aumento del 80% en la oferta de transporte público en hora punta, según reportó la Red Metropolitana de Movilidad, alivió la congestión habitual y facilitó el desplazamiento de miles de personas a sus locales de votación. Pero también puso en evidencia las diferencias entre la gran urbe y las zonas periféricas, donde la infraestructura y la conectividad aún son limitadas.

Este episodio electoral se inserta en un contexto más amplio de desafíos para el sistema democrático chileno. La baja participación en las recientes elecciones primarias de julio de 2025, que alcanzó sólo un 9,16% del padrón electoral, ha puesto en jaque la legitimidad de los procesos y ha obligado a repensar las estrategias para movilizar al electorado.

Expertos consultados por CIPER Chile coinciden en que la gratuidad del transporte es un paso necesario, pero insuficiente. “El problema no es solo cómo llegar a la urna, sino por qué muchos ciudadanos no sienten que su voto pueda generar cambios reales,” señaló Rodrigo Espinoza Troncoso, director de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Diego Portales.

Por su parte, desde la oposición, algunos analistas advierten que estas medidas pueden ser vistas como paliativos momentáneos que no enfrentan la raíz de la desafección política y la crisis de representación.

En definitiva, la gratuidad en el transporte durante la jornada electoral de 2025 se presenta como un experimento valioso que permitió una mayor inclusión en términos de acceso físico al voto. Pero también expone las persistentes brechas socioeconómicas y territoriales que condicionan la participación política en Chile. La experiencia deja en claro que facilitar el traslado es solo una pieza del complejo rompecabezas para fortalecer la democracia en un país que aún busca cómo traducir la voluntad ciudadana en cambios tangibles y sostenibles.