El Gobernador en la Cuerda Floja: Anatomía de la Ofensiva contra Claudio Orrego y la Batalla por Santiago

Inicio Contextualizado: La Calma Antes de la Batalla Judicial

A más de dos meses de que Contraloría encendiera la mecha con un lapidario informe, el ambiente en el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano es de una tensa calma. Lo que comenzó como una auditoría administrativa se ha transformado en una batalla campal en múltiples frentes: una investigación penal en curso, una inminente solicitud de destitución y una guerra de declaraciones que redefine los contornos del poder en la capital. El gobernador Claudio Orrego, una de las figuras políticas con mayor votación del país, enfrenta el momento más complejo de su mandato, mientras la oposición articula una ofensiva coordinada para removerlo de su cargo. La pregunta que subyace es profunda y de consecuencias duraderas: ¿dónde termina la modernización de la gestión pública y dónde empieza el uso de recursos fiscales para fines electorales?

Desarrollo Analítico: Crónica de una Crisis Anunciada

La crisis se detonó el 4 de junio de 2025, cuando un informe de la Contraloría General de la República, de 159 páginas, concluyó que el GORE Metropolitano destinó más de 31 millones de pesos a un servicio de asesoría y coaching que, en la práctica, habría abordado temáticas de la campaña de reelección del gobernador. El documento citaba sesiones donde se trataron "las principales preocupaciones de cara a la campaña" y el "trabajo político en función de noticias falsas", lo que para el ente fiscalizador constituía una vulneración al principio de probidad administrativa.

La reacción fue inmediata. La Fiscalía Metropolitana Oriente abrió una nueva causa penal contra Orrego, quien ya figuraba como imputado en el caso ProCultura. En paralelo, los consejeros regionales (cores) de la oposición, principalmente del Partido Republicano y la UDI, anunciaron su intención de llevar el caso al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) para solicitar su destitución.

La defensa de Orrego se ha mantenido firme. El gobernador ha calificado la ofensiva como un "burdo aprovechamiento político", argumentando que los servicios de coaching eran una herramienta de gestión para su equipo directivo, implementada desde 2021, y que es imposible disociar la gestión pública del contexto político. "Si quieren ocupar el cargo de gobernador regional, que compitan y ganen en elecciones, pero que no lo hagan mañosamente por secretaría", declaró a mediados de junio, apuntando directamente a sus adversarios.

Las semanas siguientes vieron cómo la ofensiva política tomaba forma. A pesar de diferencias iniciales y de la cautela de Renovación Nacional —recordando fracasos en acusaciones constitucionales previas—, Chile Vamos y Republicanos acordaron trabajar en un requerimiento de destitución conjunto. Los argumentos legales se centran en "notable abandono de deberes" y "faltas graves a la probidad", sumando al caso del coaching otras observaciones de Contraloría sobre el aumento de tratos directos y presuntos conflictos de interés.

Perspectivas Contrastadas: ¿Probidad o Maniobra Política?

El conflicto presenta dos narrativas irreconciliables que invitan a la reflexión:

• La Tesis de la Oposición y Contraloría: Sostiene que existe una línea clara e infranqueable entre el uso de recursos públicos para fines institucionales y cualquier actividad que beneficie una candidatura personal. Desde esta óptica, discutir estrategias de campaña en sesiones financiadas por el GORE es una falta grave que debe ser sancionada con la máxima rigurosidad para sentar un precedente y proteger la fe pública.

• La Tesis de la Defensa: Argumenta que la gestión moderna, especialmente en un cargo de alta exposición política como el de gobernador, exige herramientas de liderazgo y estrategia que inevitablemente tocan el contexto político. Acusan una interpretación excesivamente rígida y descontextualizada por parte de los auditores y una instrumentalización del informe por parte de adversarios que buscan una victoria por vía administrativa en lugar de electoral.

A estas voces se suma la del Ministerio Público, que opera con una lógica distinta, buscando acreditar la existencia de un delito de fraude al fisco, lo que requiere demostrar dolo, es decir, la intención de defraudar. Mientras tanto, la ciudadanía observa un espectáculo que mezcla legítimas preocupaciones por la probidad con evidentes cálculos electorales.

Contexto Estructural: Un Laboratorio para la Descentralización

Este caso no ocurre en el vacío. La figura del Gobernador Regional electo es una innovación reciente en la arquitectura estatal chilena, un pilar del lento proceso de descentralización. La crisis actual funciona como una prueba de estrés para esta nueva institucionalidad: pone a prueba la efectividad de los contrapesos (el rol fiscalizador del Consejo Regional y de Contraloría) y la capacidad del sistema político para procesar conflictos de esta magnitud sin deslegitimar el cargo mismo.

Además, la lupa sobre el GORE Metropolitano no es nueva. La detención a principios de julio de seis personas por un fraude en programas de zumba, un caso denunciado por la propia administración de Orrego pero originado en la gestión anterior de Felipe Guevara, demuestra que la institución ha estado bajo escrutinio por irregularidades. Este antecedente, si bien no involucra directamente a Orrego, crea un clima de desconfianza que amplifica el impacto de las acusaciones actuales.

Estado Actual: La Batalla se Traslada a los Tribunales

A casi 90 días del informe inicial, la controversia ha decantado, pero no se ha disipado. La investigación penal sigue su curso y el gobernador ya ha declarado en calidad de imputado, ofreciendo acceso a sus comunicaciones para demostrar su inocencia. La ofensiva política, lejos de ser un arrebato, se ha consolidado en un texto legal que la oposición afina para presentar ante el Tricel.

El tema ha entrado en una fase de judicialización formal. El resultado, ya sea una sanción, una destitución o una absolución, sentará un precedente crucial sobre los límites y responsabilidades de los futuros gobernadores, marcando un antes y un después en la joven historia de la descentralización en Chile.