Desarticulación del esquema financiero del Tren de Aragua: un contador chileno en medio del lavado de activos
En el epicentro de una trama que cruza fronteras y desafía la sofisticación del sistema financiero chileno, se encuentra el caso de Cristián Zúñiga, contador auditor y dueño de una empresa de asesoría tributaria. Desde 2022, investigaciones coordinadas entre fiscalías de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos han revelado cómo el Tren de Aragua, una organización criminal venezolana, ha logrado lavar y sacar millones de dólares ilícitos del país.
El proceso que llevó a la prisión preventiva de Zúñiga, decretada en junio de 2025, no solo expone las complejidades del lavado de activos, sino que también abre un debate sobre los límites y responsabilidades de los profesionales que operan en el sistema tributario chileno.
Un entramado financiero que desafía la ley
El Tren de Aragua utilizó un sistema que combinaba cuentas bancarias de "prestacuentas" -personas que cedían sus cuentas a cambio de dinero- con sociedades fachada para blanquear fondos provenientes de extorsiones, narcotráfico y explotación sexual. Estos montos luego se canalizaban hacia criptomonedas, dificultando su rastreo. La sofisticación del esquema incluyó el envío de tarjetas de débito y crédito a Colombia para extraer físicamente dinero en efectivo, una modalidad poco convencional y difícil de detectar.
El subprefecto Sergio Castro, jefe de la Biro Puerto Montt, detalla que 'el dinero ilícito se mezclaba con dinero legítimo a través de sociedades que simulaban actividades comerciales, como venta de ropa o servicios menores'. Este proceso buscaba dar una apariencia legal a fondos obtenidos por medios criminales.
El rol del contador: asesoría o complicidad?
Cristián Zúñiga, con una trayectoria de diez años al frente de Contab Chile, asesoraba a cerca de 170 empresas mensualmente, incluyendo varias dedicadas a la compraventa de criptomonedas. Su defensa, representada por la abogada Gloria Chamorro, sostiene que 'no es función de un contador auditor investigar el origen del dinero de sus clientes, sino cumplir con las normativas tributarias vigentes.'
Sin embargo, la Fiscalía sostiene que Zúñiga facilitó la apertura y facturación de sociedades fachada vinculadas al Tren de Aragua, ayudando a la organización a mover grandes sumas de dinero. Hasta la fecha, hay 17 personas en prisión preventiva en la arista de lavado de activos en Puerto Montt, entre ellos el contador.
Perspectivas encontradas y desafíos legales
Desde una mirada política y social, el caso ha generado cuestionamientos sobre la regulación y supervisión de profesionales que operan en sectores vulnerables a la criminalidad financiera. Mientras algunos sectores enfatizan la necesidad de reforzar la diligencia debida y las responsabilidades éticas, otros advierten sobre el riesgo de criminalizar actividades profesionales rutinarias sin pruebas contundentes.
Además, la coordinación inédita entre fiscalías regionales para unificar criterios y compartir información ha sido destacada como un avance en la lucha contra el crimen organizado, aunque también ha expuesto las limitaciones de la legislación para enfrentar delitos que cruzan fronteras y utilizan tecnologías complejas como las criptomonedas.
Consecuencias y certezas
Hasta ahora, se ha congelado un monto cercano a 13 millones de dólares, cifra que podría aumentar a 30 millones conforme avance la investigación. La plata, según fuentes fiscales, fue dirigida a la cúpula del Tren de Aragua en Venezuela, evidenciando la dimensión internacional del delito.
El caso de Zúñiga pone en evidencia una verdad inquietante: el lavado de activos no solo se sostiene en la violencia y el delito callejero, sino también en la capacidad de infiltrar y aprovechar vacíos legales y profesionales en el sistema financiero.
Mientras la justicia busca esclarecer la profundidad del vínculo entre el contador y la red criminal, la sociedad chilena observa el choque entre la técnica contable y la ética, entre la asesoría profesional y la complicidad criminal. En este escenario, la pregunta que queda flotando es si el sistema está preparado para distinguir entre inocencia y responsabilidad en un mundo donde las fronteras entre legalidad e ilegalidad se vuelven cada vez más difusas.
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Fuentes: La Tercera (2025), declaraciones de la Fiscalía Nacional, entrevistas con autoridades policiales y defensa legal.