Desde comienzos de 2025, la figura de Karol Cariola, diputada del Partido Comunista y ex presidenta de la Cámara, ha estado en el centro de una investigación judicial que ha puesto en jaque su carrera política y ha generado un debate profundo sobre las prácticas y límites del ejercicio del poder en Chile. La causa, bautizada como "Chinamart", investiga presuntos actos de tráfico de influencias y vínculos con empresarios chinos, especialmente con Bo "Emilio" Yang.
El origen de la investigación se remonta a 2022, cuando se detectaron intercambios de mensajes entre Cariola y autoridades locales, como los exalcaldes de Independencia y Casablanca, donde la parlamentaria solicitaba gestiones para apelar multas de tránsito. El 3 de marzo de 2025, la PDI allanó su domicilio durante el parto de su primer hijo, un episodio que la diputada denunció ante la CIDH por vulneración de derechos. Paralelamente, se revelaron chats donde Cariola promovía la participación y apoyo a Bo "Emilio" Yang, empresario chino con quien mantenía una relación cercana y que habría recibido gestiones para facilitar sus negocios y su integración en actividades oficiales.
En medio de la polémica, el SÉPTIMO Juzgado de Garantía rechazó la solicitud del fiscal Patricio Cooper para levantar el secreto bancario de Cariola, concluyendo que no existían antecedentes suficientes para vincularla con delitos como cohecho o tráfico de influencias.
- Desde la defensa de Cariola, representada por el abogado Juan Carlos Manríquez, se sostiene la inocencia de la diputada, denunciando una campaña de filtraciones y daño reputacional. "Estas filtraciones tienen solo por objeto en época de campaña generar un daño reputacional", afirmó Manríquez. También se ha cuestionado la supuesta "interpretación mañosa" de la PDI, que confundió a dos empresarios distintos en los informes, lo que, según la defensa, afecta la validez de las acusaciones.
- La oposición de derecha ha sido enfática en denunciar un "modus operandi" de Cariola para favorecerse de su investidura, calificando sus acciones como un "abuso de privilegios" y exigiendo que el Ministerio Público acelere las investigaciones. La diputada Camila Flores (RN) señaló que "esto es un ejemplo claro de cómo se configura el delito de tráfico de influencias".
- El Partido Comunista, en tanto, ha expresado su respaldo a Cariola, rechazando las filtraciones de carpetas investigativas y defendiendo que las interacciones de un parlamentario con autoridades y empresarios forman parte de sus labores habituales.
Este caso no solo desnuda tensiones internas dentro del Frente Amplio y la izquierda chilena, sino que también pone en evidencia las complejas relaciones entre política, negocios y diplomacia en un Chile que busca posicionarse en un escenario internacional cada vez más influenciado por China.
La relación entre Cariola y el empresario Yang ha sido objeto de escrutinio por regalos, financiamiento de campañas y eventos privados, como la celebración de cumpleaños en residencias vinculadas a Yang. Aunque la investigación sigue en curso, el impacto político ya es palpable: la diputada enfrenta un escenario electoral complicado y un desgaste público notable.
Diversos sectores sociales y académicos han señalado la importancia de este caso para reflexionar sobre los límites éticos en la política chilena y la necesidad de fortalecer las instituciones de control y transparencia. La mezcla de relaciones personales, políticas y económicas en el caso Cariola abre un debate sobre la profesionalización y moralidad en el servicio público.
- La investigación judicial ha avanzado con cautela, sin aún determinar responsabilidades penales, pero con evidencias que ameritan un escrutinio profundo.
- Las filtraciones y la cobertura mediática han generado un clima de polarización que dificulta la percepción objetiva de los hechos.
- La defensa de Cariola ha logrado evidenciar errores e imprecisiones en los informes policiales, lo que pone en entredicho la solidez de algunas acusaciones.
- El caso refleja desafíos estructurales en la política chilena: la permeabilidad entre intereses privados y públicos, la fragilidad del debido proceso frente a la presión mediática, y la necesidad de renovar códigos éticos.
En definitiva, el caso Karol Cariola es mucho más que un episodio judicial: es un espejo que refleja las tensiones y contradicciones de un sistema político en transformación, donde las lealtades, los poderes y las narrativas se enfrentan en un coliseo donde el público exige claridad, justicia y renovación.